La Fiscalía abre dos investigaciones por la muerte de Sandra: a las presuntas acosadoras y al colegio las Irlandesas de Loreto

La Fiscalía de Sevilla ha abierto dos investigaciones relacionadas con la trágica muerte de Sandra Peña, que se suicidó la semana pasada tras haber denunciado su familia el acoso que estaba sufriendo por parte de tres compañeras de las Irlandesas de Loreto. Según han confirmado a este periódico fuentes del Ministerio Público, será la Fiscalía de Menores la que se encargará de investigar las dos líneas de investigación que se han abierto, una de ellas relacionada con las supuestas acosadoras de Sandra y la segunda con la actuación que desplegó el centro educativo concertado una vez que tuvo conocimiento de la situación de 'bullying'.

En relación con el primero de los expedientes, la Fiscalía de Menores está a la espera de recibir el atestado que está elaborando el Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional, que debe identificar a las menores que han participado supuestamente en el acoso a Sandra Peña, aportando datos sobre su edad -que es determinante a la hora de investigar la posible responsabilidad penal en el caso de que hayan cumplido ya los 14 años- y los actos concretos de acoso que habrían realizado sobre la menor fallecida.

En el segundo expediente que ha abierto la Fiscalía de Menores, se investigan la "evaluación de riesgos y la supervisión de las actuaciones" realizadas por los responsables del centro educativo, una vez que tuvieron conocimiento del acoso que estaba sufriendo Sandra Peña, y todo ello después de que la Consejería de Desarrollo Educativo y FP confirmara que las Irlandesas de Loreto no habían aplicado el protocolo antiacoso, limitándose a separar a las acosadoras de la víctima, después de que así lo solicitara la madre de Sandra, han añadido las fuentes consultadas.

La Junta informó la semana pasada que había abierto un expediente administrativo para depurar las posibles responsabilidades, una vez constatado que el colegio donde estudiaba esta adolescente, "aunque implementó una serie de medidas, no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas (prevención del suicidio), como así estaba obligado por la normativa vigente".

Tras conocer la muerte de Sandra, la Inspección Educativa abrió de forma "inmediata" una investigación para recabar toda la información posible, recogiendo tanto los testimonios de la dirección de este centro privado concertado como el registro documental de las comunicaciones y de las actuaciones que el centro puso en marcha. Así, levantó acta y elevó un informe de propuesta de medidas.

La madre de Sandra Peña Villar había denunciado hasta en dos ocasiones que su hija sufría acoso escolar. Lo hizo a la dirección del colegio sin obtener respuesta ninguna de las dos veces. La primera denuncia se produjo a finales del segundo trimestre del curso pasado, sin ninguna medida por parte del centro. Acabado el curso, la menor comenzó a recibir tratamiento psicológico. Antes de comenzar el ejercicio actual, la madre volvió a insistir en el problema a la dirección del colegio y pidió que su hija no fuera a la misma clase que las tres chicas que presuntamente la acosaban.

Esta fue la única medida que tomó el centro, separar a Sandra de las tres compañeras que presuntamente la acosaban. Y fue una decisión adoptada a raíz de una petición de la propia madre de la víctima. Incluso el colegio llegó a proponer que colocaran a Sandra con una de ellas y las otras dos en la otra línea de tercero de la ESO, algo a lo que la madre de la menor fallecida se negó.

La decisión de la Fiscalía de Menores de abrir estas dos investigaciones ha coincidido con la publicación, por parte del sindicato CSIF, de una encuenta realizada entre el profesorado sevillano, en la que se pone de manifiesto que la “situación de vulnerabilidad” en la que se encuentran el alumnado y el profesorado ante el acoso escolar es “alarmante”. La responsable de Educación de CSIF Sevilla, Manuela Tagua, ha explicado a este periódico que, según este sondeo, que el 63,3 % del profesorado sevillano ha gestionado personalmente situaciones de acoso escolar en sus centros educativos, pero "sólo el 10 % se siente plenamente capacitado para intervenir con eficacia" ante este tipo de situaciones, es decir, sólo uno de cada diez docentes se ha sentido preparado ante estos casos.

Manuela Tagua ha recordado que no hay que tolerar el acoso escolar "en ninguna de sus manifestaciones" y ha señalado que entre las formas de acoso más detectadas por el profesorado sevillano destacan la exclusión social o el aislamiento, que representa un 73,3%; el acoso físico o verbal (66,6%), el ciberacoso (53,3%) y el acoso por orientación o identidad sexual, con un 23,3%.

Sobre el hecho de que sólo uno de cada diez docentes sevillanos se haya sentido preparado para enfrentarse a la situación de acoso, la representante sindical ha aseverado que los profesores "no reciben ni la formación adecuada ni disponen tampoco de los recursos necesarios". Así, ha advertido de que los protocolos actuales "están basados en una gran cantidad de burocracia y han demostrado además que no son suficientes".

Estos protocolos son considerados "poco operativos cuando se plantea una situación real", según han señalado el 76,6% de los docentes sevillanos encuestados. Y más del 90% de ellos lo que reclama no es más carga burocrática ineficaz, sino el "refuerzo de los departamentos y equipos de orientación con especialistas reales que puedan hacer frente a esta situación", ha añadido Manuela Tagua.