Sólo uno de cada diez profesores sevillanos se siente preparado para afrontar el acoso escolar

La trágica muerte de Sandra Peña la semana pasada ha puesto en jaque la respuesta que los centros educativos deben ofrecer ante las situaciones de acoso escolar. Y aunque en el caso de la menor que estudiaba en las Irlandesas de Loreto ni siquiera llegó a activarse el protocolo antiacoso -lo que ha llevado a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional a denunciar el caso ante la Fiscalía-, las organizaciones sindicales están reclamando a la Junta una revisión de los protocolos actuales, que se basan en una orden de la Consejería del año 2011.

El sindicato CSIF ha hecho pública una encuesta elaborada por esta organización que pone de manifiesto que la “situación de vulnerabilidad” en la que se encuentran el alumnado y el profesorado ante el acoso escolar es “alarmante”. La responsable de Educación de CSIF Sevilla, Manuela Tagua, ha explicado a este periódico que, según este sondeo, que el 63,3 % del profesorado sevillano ha gestionado personalmente situaciones de acoso escolar en sus centros educativos, pero "sólo el 10 % se siente plenamente capacitado para intervenir con eficacia" ante este tipo de situaciones, es decir, sólo uno de cada diez docentes se ha sentido preparado ante estos casos.

Manuela Tagua ha recordado que no hay que tolerar el acoso escolar "en ninguna de sus manifestaciones" y ha señalado que entre las formas de acoso más detectadas por el profesorado sevillano destacan la exclusión social o el aislamiento, que representa un 73,3%; el acoso físico o verbal (66,6%), el ciberacoso (53,3%) y el acoso por orientación o identidad sexual, con un 23,3%.

Protocolos muy "burocratizados y poco operativos en una situación real"

Sobre el hecho de que sólo uno de cada diez docentes sevillanos se haya sentido preparado para enfrentarse a la situación de acoso, la representante sindical ha aseverado que los profesores "no reciben ni la formación adecuada ni disponen tampoco de los recursos necesarios". Así, ha advertido de que los protocolos actuales "están basados en una gran cantidad de burocracia y han demostrado además que no son suficientes".

Estos protocolos son considerados "poco operativos cuando se plantea una situación real", según han señalado el 76,6% de los docentes sevillanos encuestados. Y más del 90% de ellos lo que reclama no es más carga burocrática ineficaz, sino el "refuerzo de los departamentos y equipos de orientación con especialistas reales que puedan hacer frente a esta situación", ha añadido Manuela Tagua.

Por último, CSIF Sevilla ha exigido a la administración educativa "una respuesta inmediata con soluciones reales para evitar el acoso y para poder mejorar la convivencia escolar con recursos personales especializados, agilización de los protocolos y una campaña de sensibilización dirigida también a la familia, y es que no debemos perder de vista que la educación comienza siempre en el hogar de los niños".

¿Y qué dice el protocolo de la Junta?

La orden de 20 de junio de 2011 de la Consejería de Educación, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos, establece varios anexos con protocolos de atención e intervención para poner en marcha en los centro educativos a través de sus equipos directivos. El primero de ellos es precisamente el protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar, aunque también se incluyen otros protocolos para situaciones de maltrato infantil, violencia de género, agresiones al profesorado y ante situaciones de ciberacoso.

En los casos de acoso escolar, el protocolo de la Junta, que tiene cinco folios, dice que en caso de estimarse necesario se adoptarán "medidas de urgencia" para proteger a la persona agredida, unas medidas que "garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como medidas específicas de apoyo y ayuda". Y también se adoptarán "medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador".

El protocolo establece asimismo que el director del centro realizará un informe con todos los datos recabados del acoso, para lo cual "contrastará la información aportada por las diferentes fuentes". Y una vez recogida y contrastada esa información, "se procederá por parte del director del centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias del alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el plan de convivencia del centro".

En cuanto a las medidas y actuaciones, señala que se referirán tanto a las que sean de aplicación en el centro y en el aula, como a las que sean de aplicación al alumnado en conflicto, que "garanticen el tratamiento individualizado tanto de la víctima como de la persona o personas agresoras, incluyendo actuaciones específicas de sensibilización para el resto del alumnado así como para el alumnado observador. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado acosador las medidas correctivas recogidas en el plan de convivencia".

Por último, el protocolo detalla que la "dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y actuaciones previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o responsables legales del alumnado y al inspector o inspectora de referencia del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado implicado". Y la inspección educativa realizará un seguimiento del caso, de las medidas y actuaciones definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado.