La Fiscalía pide la prohibición de salir de España al guía turístico sevillano condenado por agresión sexual

La Audiencia Nacional ha celebrado este miércoles una vista en torno a la situación del guía turístico sevillano Manuel Gerardo B.V., condenado a nueve años de cárcel por delitos de agresión sexual cometidos sobre tres jóvenes estudiantes estadounidenses como responsable de la empresa Discover Excursions, cuando las mismas estudiaban en las universidades de Salamanca y Valencia y participaban en los viajes promovidos por dicha empresa a Marruecos y Portugal en 2013 y 2017.

Durante la vista, según han informado fuentes jurídicas, la Fiscalía habría señalado que de momento no consta recurso contra la sentencia codenatoria, pero la misma no es firme, considerando que hasta la firmeza de la resolución; procedería someter al condenado a comparecencias semanales apud acta en sede judicial, la prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte.

La acusación particular, de su lado, habría pedido ordenar la prisión provisional del inculpado alegando posible riesgo de fuga y la defensa se habría adherido a la petición de la Fiscalía, esgrimiendo el arraigo en España de Manuel Gerardo B.V. y su carencia de medios para eludir la acción de la Justicia. Ahora, el tribunal habrá de decidir sobre su situación hasta la firmeza de la sentencia.

En su sentencia, los magistrados de la Sección Primera de la Sala Penal imponen a Manuel Gerardo B.V. una pena de seis años de cárcel por un delito de agresión con la atenuante de dilaciones indebidas con relación a la denunciante inicial del caso, la víctima de Marruecos; y dos penas de un año y medio de prisión por dos delitos de agresión sexual respecto a las dos restantes denunciantes, por los hechos ocurridos en Lagos (Portugal).

Además, el tribunal le impone la prohibición de ejercer como guía turístico durante siete años y medio y le condena a indemnizar con 40.000 euros a la primera víctima de Marruecos y con 1.500 euros a cada las otras dos víctimas, pese a reconocer que "no es posible traducir en dinero de forma automática un perjuicio moral y que lo único que podemos llevar a cabo es una valoración de la importancia del perjuicio en atención a las circunstancias de las víctimas".

Igualmente, le condena a siete años y medio de libertad vigilada post penitenciaria, a seis años de prohibición de acercarse a la primera víctima o comunicarse con ella y a un año de la misma medida de alejamiento respecto a cada una de las dos restantes víctimas.