Un funcionario exigió una mordida de 350.000 euros para la "campaña" del PP
Sumario caso Madeja
El dueño de Fitonovo, José Antonio González Baró, contó a Alaya que el concejal Gregorio Serrano le pidió que hiciera "gratis" un parque infantil en la Comandancia de la Guardia Civil.
El jefe de servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla Francisco Amores Carredano, uno de los funcionarios municipales imputados en la operación Madeja, reclamó a la empresa Fitonovo una comisión de 350.000 euros que iría destinada supuestamente para los técnicos de su departamento y para el Partido Popular.
Así se desprende de una conversación grabada en mayo de 2013, antes de que saltara el escándalo, por el propio empresario de Fitonovo, José Antonio González Baró, y que la Guardia Civil intervino en un disco duro de la empresa. En esa conversación, que según los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) se desarrolló de una manera "espontánea" y sin que se deduzca que la misma fuese provocada por alguno de los interlocutores con una finalidad concreta, el dueño de Fitonovo y el funcionario hablan del macroconcurso 400/12 convocado por la Delegación de Parques y Jardines y que ascendía a 48 millones de euros, del que Fitonovo acabó logrando tres lotes a través de sus sociedades instrumentales.
Los investigadores deducen de la conversación que por parte de los responsables del Servicio de Parques y Jardines, identificando en la misma al entonces director general de Medio Ambiente Joaquín Peña (PP), "parecen existir presiones para que Fitonovo haga contribuciones para la campaña por la adjudicación del contrato".
Dice la Guardia Civil que en la grabación se les atribuyen expresiones del siguiente tenor: "Bueno, pues si tu realmente no tienes ningún tema en este contrato, ¿nos ayudarás para la campaña, no?" o "listo, si tu realmente no estás pagando na por esto, ¿no te importará pagarnos a nosotros?" (sic), refleja la Guardia Civil en un informe remitido a la juez Alaya.
Del contexto de la conversación y por las referencias que se hacen "al partido", la Guardia Civil deduce sin duda que la contribución que se reclama es para la campaña electoral del PP. Los investigadores también señalan que de esta conversación parece desprenderse "el compromiso" de José Antonio González Baró para la entrega de unos 350.000 euros a Francisco Amores, quien a su vez entregaría una parte a "los técnicos que dependen de él y una cantidad para el partido", además de reclamar el funcionario para él mismo unas ventanas para su casa.
En ese informe, la UCO apunta ya a la posible implicación de Joaquín Peña, al afirmar que se le supone "al menos conocedor de la contratación irregular a favor de Fitonovo y/o de las prácticas que en materia técnica o de seguimiento de los contratos a favor de esta empresa o de otras realizaba Francisco Amores".
En su declaración como imputado ante la juez Alaya, en diciembre de 2013, el empresario José Antonio González Baró, reconoció que Amores comenzó a presionarle diciéndole que "cargos políticos del partido le estaban requiriendo que colaborara económicamente con el partido" y que si no lo hacía podría ocurrir que Fitonovo no recibiera contratos.
Según aseguró Baró a la magistrada, recibió tantas presiones de este funcionario que "llegó a dudar de que efectivamente fuera cierto que el Ayuntamiento o el partido estuviera pretendiendo de él que colaborara con alguna cantidad", razón por la cual sólo pagó a Amores 40.000 euros de la comisión de 350.000 euros que pedía y se comprometió a "ponerle gratis" las ventanas de su casa, lo que supuso otros 16.000 euros.
La juez Alaya no ha imputado al ex director de Medio Ambiente la exigencia de ninguna comisión por esa cantidad, aunque sí le atribuye a Joaquín Peña haber influido en Amores para favorecer a la entidad Albaba, de la cual era administrador un amigo suyo.
Por su parte, Francisco Amores, que pasó un tiempo en prisión provisional, le dijo a la juez que Fitonovo ganó el lote por sus propios méritos pero "les hizo creer que él había influido en la adjudicación y todo ello para conseguir el pago de los 350.000 euros en que habían convenido la comisión, aunque en realidad no se trataba de una comisión para el declarante sino del pago de los servicios que había prestado a Fitonovo". En aquella declaración, Amores afirmó que aunque dijo que de ese dinero de la comisión tendría que pagar a otras personas, sus técnicos y gente del partido, el dinero "en realidad sería para él" y todo lo que dijo lo hizo para presionarle.
Amores añadió que recuerda que en un determinado momento González Baró le dijo que le "estaban pidiendo dinero para el partido" y también que tenía "amarrada" la adjudicación del concurso de juegos infantiles "haciéndole un gesto como de que había pagado para la adjudicación".
El representante de Fitonovo declaró, por su parte, que cuando Juan Ignacio Zoido llegó a la Alcaldía, en 2011, fue a hablar con él y con el teniente de alcalde Gregorio Serrano, para presentarle al regidor diferentes proyectos con la idea de que "no tuvieran la impresión de que Fitonovo tuviera alguna afinidad con el Partido Socialista". A raíz de esa visita, continuó José Antonio González Baró, el concejal popular Gregorio Serrano le pidió el favor de que "hicieran gratis un parque infantil en la Comandancia de la Guardia Civil de Montequinto", obra en la que invirtió unos 150.000 euros y a la que accedió para "congraciarse con el gobierno municipal".
El imputado afirmó que para salir de dudas respecto a si el Ayuntamiento pretendía una contribución económica realizó un "acercamiento" a Gregorio Serrano, pero "no obtuvo la menor pista de que efectivamente existiera ese interés de que su empresa realizara una aportación económica". De esta forma, comenzó a sospechar que la comisión la pedía Amores "para él", de ahí que realizara la grabación en mayo de 2013.
González Baró negó que este funcionario cobrara por colaborar o asesorar a su empresa y reconoció que desde 2003 a 2011 o 2012 este funcionario estuvo percibiendo entre 300 y 600 euros mensuales, y añadió que otro funcionario imputado Francisco Luis Huertas también recibió algo más de 1.000 euros mensuales, aunque en este caso "sí aportó algo a la empresa, porque era afín al Partido Socialista y presentó a la empresa al Ayuntamiento cuando gobernaba dicho partido". Según el empresario, estos pagos se "cortaron" cuando asumió las riendas del negocio, "ya que entre uno y otro se iba mucho dinero en la empresa".
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