El problema de aparcacoches

Un gorrilla en cada esquina

  • La dejadez del Ayuntamiento en la batalla contra los aparcacoches ilegales es patente. Las multas no solucionan en nada el problema.

En algunos barrios de Sevilla hay un gorrilla en cada calle. Nervión es uno de ellos. La ampliación de la zona azul no sólo no ha quitado ni un sólo aparcacoches ilegal de la vía pública, sino que da la impresión de que éstos se han repartido de manera ordenada el territorio. En el viejo Nervión, la zona más próxima a la Gran Plaza y el entorno de Eduardo Dato, los gorrillas son más a la antigua usanza, es decir, toxicómanos sucios y de mal aspecto a los que los conductores casi que les arrojan las monedas para no entrar en contacto directo con ellos.

De ese mismo estilo son los que hay en las inmediaciones de los dos hospitales de la ciudad, en Bami en el caso del Virgen del Rocío y en Doctor Fedriani y los barrios situados junto al Hospital Virgen Macarena, donde las comunidades han tenido que cerrar algunas calles con vallas para que los vecinos puedan aparcar.

En otras zonas que padecen el mismo problema, como la Huerta de Santa Teresa o el entorno de la estación de Santa Justa, la mayoría de los aparcacoches son de origen africano y parecen tener incluso un horario, como si pertenecieran a una empresa que los distribuye por zonas. De hecho, las peleas por una plaza de aparcamiento apenas se ven ya en estos barrios.

El problema de los gorrillas es ya un mal endémico de Sevilla. Es, sin duda, uno de los fenómenos que destroza la imagen de una ciudad que pretende vivir del turismo. El problema, quizás, es que los sevillanos les siguen dando una pequeña cantidad de dinero por aparcar, quizás más por miedo a que le dañen el coche o por no tener una discusión en plena calle que verdaderamente por propia voluntad. Posiblemente, ésta sea la razón principal por la que han fracasado todas y cada una de las campañas que el Ayuntamiento de Sevilla ha emprendido contra los gorrillas a lo largo de la historia reciente.

Ninguna de ellas ha tenido éxito. Ni las órdenes de detención de los aparcacoches dadas a la Policía Local en tiempos de Alejandro Rojas-Marcos, ni los convenios con las asociaciones de desempleados para regularizar de alguna manera a los guardacoches, ni la ordenanza antivandálica de Monteseirín, ni las casi 20.000 multas impuestas durante el mandato de Juan Ignacio Zoido, ni la ampliación de la zona azul en Bami o Nervión, barrios tradicionalmente afectados por el problema. No sólo sigue habiendo gorrillas, sino que parece que hay más. Prácticamente uno en cada calle. Obviamente es una sensación, no hay un censo de gorrillas, pero así puede observarse en cualquier paseo por la ciudad.

Después de tanto fracaso, parece que los gorrillas forman ya parte del paisaje urbano de Sevilla. La desidia con la que el gobierno local trata este asunto es absoluta. Este periódico ha solicitado al Consistorio las estadísticas de denuncias contra los aparcacoches ilegales impuestas en el último año, pero el Ayuntamiento no ha querido facilitar esta información.

El último dato conocido lo ofreció el anterior gobierno municipal. Desde junio de 2011 a octubre de 2014, la Policía Local de Sevilla tramitó 19.815 denuncias. Las multas son por infringir uno de los preceptos de la ordenanza antivandálica, que castiga con sanciones de 30 euros la práctica de pedir dinero a cambio de señalar un lugar para aparcar.

La avalancha de multas es puro papel mojado. Sólo se cobraron el 3% de las mismas. Denunciar a una persona que vive en la calle o es insolvente es una medida absurda. Si no tiene domicilio fijo, la sanción no se le podrá notificar. Y si lo tiene y no dispone de nada a su nombre que se le pueda embargar, no se podrá cobrar.

Así, los perjudicados por esta oleada de multas puesta en marcha durante el mandato anterior han sido los aparcacoches que llegaron a estar legalizados o regularizados antaño, los de asociaciones como PM40 o ASIC. El Ayuntamiento no renovó los convenios con estas entidades y los guardas pasaron a ser considerados como aparcacoches ilegales, es decir, exactamente igual que los gorrillas. A ellos, personas que tienen domicilio y cargas familiares, la mayoría de ellos parados de larga duración, sí les llegan las multas. Lo que supone que las multas terminan castigando a un tipo de aparcacoches que tiene un horario más o menos regulado y una cierta uniformidad, mientras que contra los indigentes y toxicómanos esta medida no sirve de nada.

En las cercanías del Hospital Virgen del Rocío, en la parte más próxima a Felipe II y al Porvenir, hay dos aparcacoches de estas asociaciones. Uno de ellos es Miguel Muñoz Armario. Pertenece a la Asociación Sevillana de Inválidos Civiles (ASIC). Tiene 53 años. Era vigilante del parking del hospital pero lleva ya más de ocho años en el paro. Tiene suerte de que es soltero y no tiene cargas familiares, lo que le permite vivir con lo que obtiene en su trabajo. "Hay días que se sacan 15 euros, otros 20, depende del movimiento que haya. Ahora en verano hay menos", explica. Dice que ha tenido problemas con los "indios". Cuando se le pregunta quiénes son los que así llama tampoco lo aclara mucho: "Los indios, ¿quiénes van a ser? Los calorros". Se refiere, quizás, a algunas personas de etnia gitana que intentan quitarlo de la calle en la que se gana la vida.

En la puerta de Antares, en Genaro Parladé, trabaja Julián Sánchez. Es miembro de la asociación de Parados Mayores de 40 años (PM40), que se reconoce rápidamente por el uniforme. Los aparcacoches de PM40 visten camisa blanca y pantalón burdeos, como hacían antaño cuando tenían permiso del Ayuntamiento para poder aparcar. Tiene 75 años y es pensionista, pero la pensión no le da para mantener a su familia, compuesta por dos hijos y tres nietos. "Todos varones, queríamos una niña y no ha llegado". A él los indios no le afectan tanto como a su compañero, pero la Policía sí que le ha multado alguna vez. "Cuando a ellos les parece", apunta.

La ampliación de la zona azul en zonas como Luis Montoto o Bami tampoco ha servido de mucho. En la práctica, esta medida aprobada por el gobierno de Juan Ignacio Zoido y mantenida por el de Espadas, pese a las promesas contrarias, supone un doble pago para el conductor. Cuando termina el horario regulado por la zona azul, quien quiere aparcar en estos lugares se ve obligado a pagar el impuesto revolucionario a los gorrillas. Durante los meses de verano, en los que la zona azul acaba a las dos de la tarde y las tardes están libres de pago, es frecuente ver a un buen puñado de aparcacoches ilegales en los barrios en los que está implantado el plan de regulación horaria de aparcamiento.

En el centro, por ejemplo, hay decenas de gorrillas desde las dos de la tarde en calles como Reyes Católicos, Marqués de Paradas, Julio César o San Pablo. El mismo problema sucede en Bami, donde la cercanía del hospital hace que haya demanda de aparcamiento a cualquier hora. Y ya si lo que se trata es del entorno de los campos de fútbol del Betis o del Sevilla los días de partido puede verse a numerosos aparcacoches hasta ordenando el tráfico para dejar más huecos libres en las calles más cercanas a los dos estadios.

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