Una guardería desahuciada a plena mañana. Y con niños dentro. Fue lo que ocurrió ayer en Sevilla Este, en el número 31 de la calle Médicos Sin Fronteras, donde se encuentra el centro de Educación Infantil La Granjita, una escuela de convenio con la Junta de Andalucía (las plazas que oferta, por tanto, son públicas) que acumula casi 46.000 euros de deuda por impago del alquiler del local que ha ocupado desde que hace seis años abrió sus puertas en este barrio.

No es la primera vez que su propietaria se enfrenta a tal situación, ya que hace pocos años se tomó la misma medida con un local adjunto que también ocupaba la guardería, cuya actividad docente ya ha cesado. El motivo, idéntico: la falta de pago de la dueña del negocio.

Quienes ayer transitaban por esta calle pudieron comprobar cómo el mobiliario propio de estos centros educativos se apilaba en plena vía pública: mesas y sillas de pequeña altura y juguetes propios para niños de 0 a 3 años. Una imagen bastante parecida a la de los desahucios de los que se han hecho eco los medios de comunicación los últimos años. Aunque este caso adquiere especial interés, ya que se trata de una escuela sostenida con fondos públicos y en la que la deuda acumulada con el propietario del inmueble no ha sido óbice para que la Consejería de Educación mantenga el convenio.

José Vallejo es el dueño del local donde La Granjita comenzó a funcionar en 2015. Abrió sus puertas en pleno aumento de la oferta pública del primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años)y en una de las zonas de Sevilla con mayor población. Después de dos cursos los pagos mensuales de alquiler se dejaron de abonar. Primero hubo retrasos y después, las mensualidades nunca llegaron.

La excusa de la titular de la guardería era que Educación no entregaba el dinero correspondiente a las plazas ocupadas. Un argumento que convenció al dueño durante algún tiempo, ya que se habían producido ciertas demoras en dicho abono por parte de la Administración autonómica en otros centros. Sin embargo, tras pasar los cursos y comprobar que no se registraba ningún ingreso, el propietario del local optó por acudir a la Consejería de Educación para comprobar si eran ciertos tales impagos. Allí le demostraron que La Granjita había recibido las mensualidades pertinentes, por lo que este departamento público se encontraba al corriente con el abono del convenio con la guardería.

Un caso que llegó al Defensor del Pueblo

Una explicación que, sin embargo, no impidió que los impagos por parte de la propietaria de La Granjita continuaran. Se decidió entonces acudir a los tribunales que, tras varios aplazamientos, fijaron ayer el lanzamiento judicial de este local.

El inmueble fue adquirido por Vallejo para que, mediante su arrendamiento, pudiera obtener un complemento a su pensión. Por ahora, es lo único que ha logrado, que su propiedad vuelva a estar libre. Respecto a los casi 46.000 euros que aún le debe la titular de la guardería, pocas esperanzas alberga de recuperarlos. Y ello, pese a que su caso llegó al propio Defensor del Pueblo Andaluz.

También en este tortuoso camino no han faltado peticiones a la Consejería de Educación para que retuviera el dinero que debía entregarle por las plazas de convenio o para que tomara alguna medida sobre una entidad privada que “no pagaba”. “La única respuesta que dieron es que no pueden controlar a los centros concertados, pues se limitan a los aspectos que conciernen al ámbito educativo”, refiere Vallejo, quien considera que la Junta debe comprobar también la solvencia de un centro de enseñanza a la hora de renovar los acuerdos.

Una prevención que hubiera evitado la escena que vivieron ayer varios alumnos de esta guardería, cuyos padres tuvieron que recogerlos al dejar de prestar sus servicios a media mañana, una vez que los técnicos judiciales se presentaron allí. “Pedimos que el lanzamiento se realizara a partir de las cinco de la tarde, cuando el centro cerraba, pero finalmente se llevó a cabo por la mañana y se vieron obligados a avisar a las familias”, recuerda Vallejo.

La Granjita tenía escolarizados 35 alumnos. En julio sólo quedaban cinco, porque muchas familias se encuentran de vacaciones. El desahucio vivido por los niños resulta incomprensible para Vallejo, que no entiende cómo la Junta no ha evitado tal situación.