De la falta de plazas a las aulas vacías. La crisis ha dibujado un panorama bastante desolador en los centros del primer ciclo de Educación Infantil. Si en los años del boom inmobiliario encontrar un puesto libre en las guarderías financiadas con fondos públicos se convirtió en un complejo proceso, en la actualidad son los dueños o las empresas que gestionan dichas escuelas los que se encuentran con bastantes dificultades a la hora de cubrir todas las plazas ofertadas. La huida de la inmigración, la bajada de la natalidad y la elevada tasa de paro están detrás del descenso de la demanda de escolarización en los centros de infantil, que roza el 25%. Esta considerable caída no es homogénea en todos los municipios y ciudades andaluzas, de ahí que los responsables exijan a la Junta un mapa más exhaustivo donde se localicen las áreas con más necesidad de este servicio. La Consejería de Educación, por su parte, asegura que la oferta está ajustada a dichas necesidades.

Antes de que la burbuja inmobiliaria estallara, conseguir que un menor entrara en una guardería pública se convirtió en un reto. Padres que trabajaban y necesitaban dejar a los hijos en un centro durante el horario laboral. Inmigrantes que no tenían familiares a quien encomendarles el cuidado de los menores mientras trabajaban. Aumento de la natalidad por la prosperidad económica que llenaba los centros infantiles. Tras una larga debacle finaciera el panorama ha cambiado por completo, hasta el punto de que resulta muy complicado hallar escuelas para niños de entre 0 y 3 años con todas las aulas llenas. Una situación que sólo se consigue en las zonas que registran repuntes de natalidad. Así lo constatan los titulares de varias guarderías consultadas por este periódico y por Blas Rodríguez, el presidente del Foro Andaluz del Sector de la Educación Infantil (Fasei), una de las patronales más importantes del sector, que cifra en un 25% el descenso de la demanda. 

"Esta bajada ha provocado que  una media del 20% de las plazas ofertadas por un centro se queden  sin ocupar", asegura este representante del sector. Sirva como ejemplo lo sucedido a principios del curso pasado en la provincia de Sevilla, donde más de 3.000 puestos públicos quedaron vacíos. Pese a dicha caída en la demanda y de que ya se ha sobrepasado la cuota mínima exigida por la Unión Europea para que la oferta garantice una plaza al 33% de la población de 0 a 3 años, la Junta sigue ampliando la red de centros infantiles. Un incremento que incluyó en la campaña de los recientes comicios autonómicos como promesa electoral. El próximo curso -que comienza el 1 de septiembre-  habrá 3.000 plazas más en toda Andalucía. Este dato provoca más incertidumbres que certezas en el colectivo, que comprueba como cada año las aulas tienen menos niños que atender.

Distintas patronales de centros de Educación Infantil han señalado la conveniencia de "consolidar" las plazas ya existentes antes de incrementar la oferta. En este sentido, hay que atender al cambio de actuación aplicado por el Gobierno andaluz antes y después de la crisis. Hace unos años, cuando las competencias de las guarderías se traspasaron a Educación, desde la Administración autonómica se apostaba por el convenio con los centros de titularidad privada, a cuyos dueños se les pedía que construyeran más aulas con tal fin. Ahora, sin embargo, se apuesta por el convenio con las guarderías municipales, la mayoría de las cuales están gestionadas por empresas privadas, lo que supone un notable ahorro para los ayuntamientos. "Esto ha provocado una ruina en los centros que un día ampliamos las instalaciones para conveniar más plazas o los que se construyeron de nueva planta para integrarse en la oferta pública", lamenta el propietario de una guardería de convenio.   

En este punto hay que recordar que el acuerdo de convenio difiere del concierto con los colegios en un aspecto esencial. En las guarderías se financian las plazas, no las aulas, como en los centros de Infantil y Primaria. Además, el coste de las plazas de 0 a 3 años no es gratuito. Tiene un precio: 278,88 euros (con comedor incluido), que permanece inalterable desde hace seis años.  La Junta financia parte de dicho gasto en función de las circunstancias económicas de las familias. Una ayuda que se facilita en el 96% de los menores escolarizados en estos centros y que llega a suponer la gratuidad total en el 44% de los casos.

El dinero procedente de dicha financiación es lo que mantiene a las escuelas de convenio. Unos ingresos que permiten pagar a los trabajadores, proveedores, luz, agua, catering, alquiler y mantenimiento del edificio. Cualquier retraso supone un quebradero de cabeza para los dueños. Demoras que ya se han hecho más que habituales y que han vivido su último capítulo recientemente. Por ahora, la Junta aún adeuda la mensualidad de junio (el ingreso hay que realizarlo 40 días después de que acabe el mes) y la ayuda de 1.000 euros por aula que sustituyó al pago de agosto, el único mes de cierre.

Esta situación es la que ha llevado a las patronales del sector a pedir que, además de que se aumente el precio de la plaza para que vaya acorde con la subida del IPC, se elimine la obligación de tener que conveniar todas las plazas. De esta forma se propone volver a la antigua fórmula -cuando las guarderías dependían de Igualdad y Asuntos Sociales- que permite ofertar puestos públicos y privados, lo que evitaría la continua asfixia económica que padecen los centros.