El equipo de gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP) está teniendo serias dificultades para cumplir su promesa electoral de resolver la herencia socialista de los aparcamientos de residentes que siguen sin hacerse  desde el mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín por la discutida gestión del anterior delegado de Movilidad, Francisco Fernández. Se adjudicaron 19, pero aún quedan 17 por construir porque los terrenos elegidos eran privados en su mayor parte (en un 63% de los casos) y no se informó de ello a las concesionarias hasta año y medio después.

Primero, Zoido  fracasó en su intento de que la concesionaria de la mayoría de esos aparcamientos (Equipark) devuelva la fianza de 1.000 euros que miles de vecinos pagaron. Tampoco ha logrado que el Ayuntamiento pague estas cantidades de forma subsidiaria porque incurriría en problemas legales, según los informes del Interventor y el Secretario General. 

El tercer intento de Zoido será rescatar la concesión a Equipark de esos 13 aparcamientos en respuesta a la reciente paralización de la obra de Bami, la única que estaba en marcha. La obra se retomó en junio. 

Equipark, mientras tanto, no deja de modificar su accionariado y de cambiar de nombre, lo que inquieta sobremanera y genera dudas al Ayuntamiento. Acaba de legalizar su cambio de accionariado y de nombre en el Registro Mercantil de Sevilla, según consta en la incripción de 18 de noviembre de 2011 a la que ha tenido acceso Diario de Sevilla. Ahora se denomina Resipark 2011, se ha reconvertido en una sociedad unipersonal de Garsilia 21 S.L., con Luis García Lira como socio único y sede social en calle Juan de Mata Carriazo, local 3. Ha liquidado Equipark y su anterior presidente y consejero delegado, Ignacio Pérez Hidalgo (también de la constructora Azagra), ya sólo consta como apoderado. No hay rastro del conocido empresario Luis Castel, que supuestamente la había comprado.

La sociedad Garsilia 21 S.L. se creó hace menos de dos meses. Se inscribió en el Registro Mercantil de Sevilla el 24 de octubre de 2011 con un capital de 3.000 euros y sede social en la calle Urubamba 14, junto al estadio del Betis. Su objeto social nada tiene que ver con los aparcamientos: "Explotaciónde servicios hoteleros, hosteleros, discotecas y otros relacionados con la restauración gastronómica y los espectáculos públicos". 

El gobierno del PP no sabe cómo acabar con una pesadilla que dura más de cinco años y ha generado un largo historial en los juzgados sevillanos contra la concesionaria Equipark y contra la Delegación de Movilidad del gobierno anterior que dirigía el socialista Francisco Fernández. 

Hay tres demandas civiles contra Equipark para que devuelva la fianza a 163 vecinos afectados de los parkings que se adjudicaron en El Zodíaco, Rafael Laffón, Pedro Vallina, La Romería, Eva Cervantes, Cueva de la Pileta, Bami y El Valle. Se calcula que hay más de 4.000 afectados. A finales de noviembre se celebró la primera manifestación de protesta hasta la Plaza Nueva. 

Hay una denuncia penal de los vecinos de El Zodíaco contra Movilidad del anterior gobierno (PSOE-IU) por presunto delito de prevaricación, ya que el suelo se adjudicó pese a advertencias de los vecinos de que era privado. Además, hay un recurso contencioso-administrativo de Iniciativas Aparca (la otra concesionaria de seis parking) contra Movilidad del gobierno anterior. Pide una indemnización de 7 millones de euros por los incumplimientos del Ayuntamiento en el contrato.