Los cuatro hitos del despilfarro de inversiones públicas en Sevilla

La Asociación de Geógrafos de España ha publicado en su boletín un demoledor informe sobre la geografía del despilfarro en España en las dos últimas décadas (1995-2016) en el que señalan que los mayores casos sevillanos de despilfarro en Sevilla son las obras del Estadio Olímpico, las setas de la Encarnación (proyecto Metropol Parasol), el tranvía de Alcalá de Guadaíra y el tramo de Alta Velocidad entre Sevilla y Antequera, que suman entre todas una inversión superior a los 570 millones de euros y fueron ejecutadas en los dos primeros casos por el Ayuntamiento de Sevilla y en los dos últimos por la Junta de Andalucía.

Y aclaran que despilfarro es "la falta de eficiencia, la ejecución de tareas a un coste mayor del mínimo posible".

Del Estado Olímpico, situado en la isla de la Cartuja, el informe detalla que es una obra "infrautilizada" a pesar de que costó 120 millones de euros. De las setas de la Encarnación se especifica que costaron 100 millones a las arcas públicas y que es un edifico "en uso" pero "judicializado por baja rentabilidad", aunque sobre esta cuestión hay que decir que en la actualidad ya no hay ninguna cuestión pendiente en los tribunales. La sentencia firme de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) redujo a 2,5 millones de euros la indemnización que el Ayuntamiento de Sevilla tendrá que pagar a la constructora Sacyr -que realizó la obra y explota el complejo- por incumplimiento de algunas cláusulas del contrato.

La obra con mayor inversión de las citadas es el tramo del AVE entre Sevilla y Antequera, del que sólo dio tiempo a hacer una plataforma terriza entre Marchena y Antequera que está abandonada y sin uso. En el informe se le asigna a esta obra una inversión de 377 millones de euros, aunque desde la administración andaluza se recalca que la inversión pública fue menor, de 277 millones de euros. La Junta tuvo que renunciar a un crédito del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de 180 millones, para evitar sanciones debido a los retrasos.

El último hito de obras del despilfarro es el tranvía de Alcalá de Guadaíra, una inversión de 73 millones de euros que está sin terminar, que ha sufrido el robo de vías en un tramo, la suspensión temporal de la obra en otro tramo y para la que la administración andauza no da fechas de inauguración, ya que queda mucho por hacer aún.

Las cifras nacionales del despilfarro

Los autores cifran en más de 81.000 millones de euros las inversiones públicas que se han ejecutado en las dos últimas décadas en infraestructuras "innecesarias, abandonadas, infrautilizadas o mal programadas". Y añaden que esta cantidad puede superar los 97.000 millones en un futuro próximo si se suman las obligaciones ya adquiridas. El estudio analiza obras públicas de las dos últimas décadas que han superado los 10 millones de euros, y advierten que esta es una aproximación inicial que debería seguir investigándose porque su estudio es complejo y porque hay una escasa información oficial disponible al respecto.

Y dejan claro que España despilfarra más que la media de los países de nuestro entorno. "Pese a los innegables progresos, arrastramos un problema importante que es fuente de un elevado grado de ineficiencia superior a la media de los países de nuestro entorno".

El informe ha sido elaborado por nueve geógrafos de varias universidades de España: María Luisa Gómez Moreno (Universidad de Málaga), Juan Romero (Universidad de Valencia), Dolores Brandis (Universidad Complutense de Madrid), Carmen Delgado (Universidad de Cantabria), José-León García (Universidad de La Laguna), Juan Olcina y José Fernando Vera-Rebollo (Universidad de Alicante), Onofre Rullán (Universidad de Baleares) y Joan Vicente Rufí (Universidad de Girona).

¿Despilfarro es corrupción?

Los investigadores señalan que el despilfarro de recursos públicos no se considera delito en nuestro país y que los ciudadanos han prestado menos atención al despilfarro que a la corrupción, que sí está tipificada como delito, pese a que probablemente "el despilfarro ha comprometido más recursos públicos, ahora ociosos o infrautilizados, que la corrupción".

El informe deja claro que toda corrupción implica despilfarro público (ineficiencias y sobrecostes), pero no todo despilfarro es corrupción. Y agrega que existen dos maneras de despilfarro: una que es corrupción porque implica prácticas al margen de la ley, y otra que tiene que ver con la falta de eficiencia, que no opera fuera de la ley.

La vinculación entre corrupción y despilfarro es que "toda corrupción genera ineficiencias que se traducen en los sobrecostes (y, por tanto, en reducciones de la productividad) del despilfarro público".

Despilfarro en Andalucía

En lo que respecta a las obras de Alta Velocidad, el informe del despilfarro incluye, como obras de competencia estatal, las siguientes en Andalucía: la extensión de la Alta Velocidad hacia Granada y Málaga, la línea Sevilla-Antequera (en este caso la Junta asumió su construcción por acuerdo escrito en 2004) y el anillo ferroviario de Antequera (Centro de Ensayos de Alta Tecnología Ferroviaria).

De la línea hacia el Sur hacia Málaga y Granada, el informe califica de "situación singular" el corte de la comunicación ferroviaria con Granada por el oeste durante dos años debido a la paralización de las obras en Loja, a causa de la negativa de Fomento a aceptar los sobrecostes que aducían las constructoras. Del Centro de Ensayos de Alta Tecnología Ferroviaria de Antequera ve "singular y polémico" que tuviera un coste previsto de 386 millones de los cuales 260 los aportaba la Comisión Europea. Iniciado pero sin uso y con las obras paradas, en 2016 la Comisión Europea ha obligado a devolver 140,7 millones debido a que no se ajustaban a los requerimientos fijados.

La otra obra citada es, dentro del Corredor Mediterráneo en Andalucía, el túnel de 7,5 kilómetros construido para la futura línea entre Almería y Murcia, actualmente paralizada y sin calendario para su continuación a pesar de tener varios tramos ya finalizados. El túnel, con un coste aproximado de 251 millones, fue tapiado en 2014.

La mayor crítica de los investigadores autores del informe es que son "intereses políticos personales, territoriales y clientelares" los que determinan los recorridos, el emplazamiento de estaciones y los modelos de gestión, y no criterios objetivos.

En obras de carreteras de alta capacidad, el informe no incluye ningún ejemplo andaluz.

Sí lo hace al hablar de puertos y aeropuertos. En aeropuertos la conclusión nacional es que sobran al menos la tercera parte del total de aeropuertos competencia de AENA. La única crítica sobre Andalucía se dirige al aeropuerto de Córdoba, al que el Tribunal de Cuentas Europeo lanzó "críticas severas" por considerar que la necesidad de ampliación no estaba demostrada, debido a previsiones de pasajeros excesivamente optimistas: 179.000 viajeros previstos y 6.955 reales.

En desaladoras, desalinizadoras y depósitos subterráneos de gas, el informe de despilfarros incluye a las desaladoras de Carboneras (Almería), Atabal (Málaga), Marbella (Málaga) y desaladora de Almanzora (Almería).