Un debate sobre la mesa. El Ayuntamiento, por boca del alcalde, Juan Espadas, y del delegado de Turismo, Antonio Muñoz, insiste en la necesidad de implantar en la ciudad un impuesto turístico –que no tasa– cuya recaudación revertiría en la promoción de Sevilla como destino y en la rehabilitación del patrimonio histórico. El Ayuntamiento anunció que este tributo no se aplicaría sólo a los hoteles, a través de las pernoctaciones, que es el principal índice para medir el número de turistas que visitan la ciudad, sino que se cobraría también en los apartamentos turísticos, viviendas con fines turísticos (VFT) e incluso en los cruceros. La oposición municipal apoya la propuesta aunque pide claridad sobre el destino de la recaudación. El Partido Popular es el único partido que se opone. Los hoteles tampoco están a favor de una medida que les restaría competitividad y piden una regulación, en su caso, en toda Andalucía.

El gobierno local es abiertamente “partidario de imponer una figura impositiva directa a los turistas. Un impuesto”, explicó el alcalde durante la inauguración de una jornada de debate organizada por Comisiones Obreras. Según Espadas, sería necesaria una reforma de la Ley estatal de Haciendas Locales, para que los ayuntamientos tengan la posibilidad de “crear un impuesto” de esta naturaleza sobre los turistas. El propio alcalde se encargará de trasladar a la nueva ministra de Hacienda, la ex consejera andaluza del ramo María Jesús Montero, esta cuestión.

Los portavoces de los grupos municipales durante el debate organizado por CCOO.

El Ayuntamiento cifra la recaudación, poniendo un tributo de un euro por persona y noche, en unos 7 millones de euros. El delegado, Antonio Muñoz, aseveró que el peso de la recaudación no recaería sólo en los hoteles, sino que se aplicaría también a los apartamentos turísticos, viviendas con fines turísticos o cruceros. También se haría de manera progresiva y con bonificaciones según el número de noches. Además se establecería una comisión público-privada (empresarios-administración) para dotar de transparencia al destino de los recursos adicionales obtenidos.

Por su parte, el presidente de los hoteles, Manuel Cornax, se mostró en contra de este tributo: “Si nos lo imponen tendríamos que aceptarlo, pero el sentir del sector es no apostar por él”. Los hoteles entienden que este gravamen es una “penalización” a los alojamientos que se verán obligados a aumentar su precio. Cornax fue contundente al reclamar una tasa autonómica en el caso de implantarse: “Si sólo se crea en Sevilla y no en el Aljarafe habrá una desventaja. También nos encontraríamos con una competencia más dura en nuestro entorno. Por ejemplo, un turista que hace un circuito por Andalucía podría optar por dormir en Córdoba o Málaga en lugar de en Sevilla al tener unos precios más elevados”.

Para Manuel Cornax lo importante es mantener las cifras de turistas en una ciudad que es madura turísticamente hablando: “Cuando tenemos seis millones de turistas y una planta hotelera importante hay que plantearse consolidar estas cifras y tratar de atraer a turistas que gasten más”.

El catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla, Manuel Marchena, que también intervino en una de las mesas redondas, apostó por que la recaudación se extienda más allá de los hoteles: “La carga no puede ser sólo para la estructura hotelera. Debe incidir también los pisos turísticos, sobre todo para luchar contra los ilegales y alegales y conseguir su regulación”. Durante la inauguración de la jornada, el secretario general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán, manifestó que era necesaria “una reflexión” que derive en la implantación de una figura impositiva directa en los propios turistas para “compensar” el impacto del turismo en los servicios públicos o mejorar el patrimonio histórico”.

Por su parte, los portavoces municipales de Ciudadanos, Javier Millán; Participa Sevilla, Susana Serrano, e Izquierda Unida, Daniel González Rojas, se han mostrado a favor de la tasa, pero con matices, como los de definir claramente dónde se invertirían esos siete millones de euros. Por su parte, Rafael Belmonte, portavoz adjunto del Partido Popular, se ha mostrado contrario a la implantación, adoptando un discurso más próximo al del presidente de los hoteles.