La juez imputa a Antonio Rivas en el cobro de comisiones de Mercasevilla

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla ha imputado formalmente al delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas, en el escándalo por el supuesto pago de comisiones ilegales en Mercasevilla, en el que se investigan delitos de cohecho y fraude cometido por funcionario.

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha admitido la querella formulada por el portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento, Juan Ignacio Zoido, aunque rechaza que la causa se dirija contra el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y otros responsables municipales por la "ambigüedad" de las imputaciones que, a juicio de la magistrada, ha planteado el PP en su querella.

La resolución de la instructora del caso rechaza en concreto la querella contra el alcalde, así como contra el ex consejero de Mercasevilla Domingo Enrique Castaños, el edil de Convivencia y Seguridad, Alfonso Mir, el vicepresidente de la Agrupación de interés Económico de Sevilla (AIE), Manuel Marchena, y contra el vicepresidente de Mercasevilla, Antonio Rodrigo Torrijos. La magistrada razona que las imputaciones del PP están basadas "en el presunto y genérico conocimiento de los hechos investigados" por parte de estos responsables municipales y aclara sobre esas presunciones que "no existe la menor constancia en esta fase tan preliminar de la investigación".

Para la juez, la ausencia de esos indicios obliga a admitir sólo parcialmente la querella de los populares, "por un criterio de prudencia a fin de no convertir la presente causa en una inquisitio generalis" -un proceso o inquisición general-.

El auto acuerda finalmente admite la querella contra el ex director de Mercasevilla, Fernando Mellet, el ex subdirector, Daniel Ponce, la empleada que dirige los proyectos de la Fundación Mercasevilla, Regla Pereira, y el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas. Todo ello, aclara el auto, "sin perjuicio de que en el futuro pueda ampliarse la instrucción en virtud de los nuevos datos que se obtengan de la investigación policial".

Los dos directivos y la empleada de Mercasevilla han sido citados a declarar como imputados el próximo 17 de julio, mientras que Antonio Rivas comparecerá ante la juez el 16 de noviembre, según precisa la resolución del juzgado de Instrucción número 6.

Los dos ex directivos de Mercasevilla fueron denunciados por haber exigido supuestamente una comisión de 450.000 euros al grupo hostelero La Raza, a cambio de hacerse con la gestión de la escuela de hostelería de la Fundación Mercasevilla, un proyecto que ya había sido subvencionado con 900.000 euros por la Junta.

La principal prueba de cargo que existe del supuesto cohecho consiste en una grabación que realizaron los empresarios Pedro Sánchez y José Ignacio de Rojas durante los encuentros que mantuvieron con los directivos del mercado mayorista.

En el marco de la investigación abierta, el juzgado ha decidido analizar no sólo las subvenciones concedidas a la Fundación Mercasevilla, sino todas las ayudas que la delegación provincial de la Consejería de Empleo de la Junta ha otorgado en los últimos cuatro años y que abarca a unas 80 ayudas, según han confirmado fuentes del caso. La finalidad que persiguen estas pesquisas no es otra que "verificar el destino" de las subvenciones, es decir, tratar de comprobar si el intento de cobro de comisiones ilegales a los empresarios del grupo hostelero La Raza constituye un hecho aislado o afecta a otras ayudas concedidas por la delegación de Empleo. La Junta ha apoyado en los últimos años otros proyectos de la Fundación Mercasevilla por un importe global de 1.129.487 euros.