Casi cuatro años después. La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha confirmado la ampliación de la imputación del ex delegado de Empleo Antonio Rivas, en relación con la inclusión en el ERE de la empresa Intersur de tres intrusos, entre ellos uno de sus concuñados. La defensa de Antonio Rivas había pedido al tribunal en su recurso que archivara la causa contra el ex alto cargo en relación con las ayudas a esta empresa, pero el auto de la Sección Séptima avala rotundamente la decisión de Mercedes Alaya, al estimar que de los datos objetivos relacionados con esta ayuda "se infiere que es necesario depurar las posibles penales del recurrente en cuanto a su posible participación de la inclusión de tres intrusos citados en el ERE de la empresa Intersur".

El recurso de la defensa de Rivas se dirigió contra un auto que la juez Mercedes Alaya dictó el 12 de junio de 2012 y en el que acordó ampliar la imputación contra el ex delegado de Empleo por su presunta participación delictiva en la tramitación y ejecución del ERE de 2003 con planes de prejubilación anticipada mediante pólizas de renta colectiva de la empresa Intersur, "imponiendo la inclusión de personas que no habían trabajado en la empresa", en concreto, Ricardo Medina Barrios, José Antonio García Prieto y José Acevedo López.

Dice la Audiencia que Antonio Rivas, en su condición de delegado provincial de Empleo -cargo que ocupó entre el año 2000 y el 20 de abril de 2010- participó en el acuerdo de aprobación de dicho ERE en la reunión que se celebró el 24 de junio de 2003 en la sala de juntas de la delegación provincial de la Consejería de Empleo.

"Los tres intrusos son vecinos de Camas (Sevilla), al igual que Rivas. José Acevedo López es concuñado de Rivas; José Antonio García Prieto ha sido concejal del Ayuntamiento de Camas por el PSOE en periodos en los que el señor Rivas era alcalde de dicha localidad; y respecto a Ricardo Medina Barrios, también militante del PSOE y vecino de Camas, cabe añadir que desde la delegación provincial de Empleo de Sevilla se envió un fax a Jesús María Bordallo de la aseguradora Vitalia, compañía que gestionaba las pólizas del ERE de Intersur, adjuntando la documentación bancaria de este intruso", asevera el auto de la Audiencia de Sevilla, que tiene fecha del pasado 4 de marzo.

La Audiencia destaca asimismo que las garantías aseguradas para todos los trabajadores afectados por el ERE de Intersur con un plan de prejubilación anticipada consistían en rentas mensuales temporales con reversión del "50% en caso de fallecimiento para los trabajadores que efectivamente trabajaban en esa empresa, mientras que para los tres intrusos la reversión indicada en caso de fallecimiento ascendía al 100%", añaden los magistrados de la Audiencia.

En diciembre pasado, la defensa de Antonio Rivas también recurrió otro auto de la juez Mercedes Alaya por la inclusión de sus dos concuñados -José Antonio Márquez, que está casado con una hermana de la esposa de Rivas, y José Acevedo López, marido de una hermana de la esposa de Rivas- en el ERE de la empresa Surcolor-Surcolor Óptica. En ese recurso, el abogado Jon Ander Sánchez criticó que la juez le había imputado por una "mera y personal interpretación efectuada en su día" por la anterior instructora, ya que, según la defensa, el ex alto cargo no ha tenido "ninguna participación en ningún hecho ilícito" relativo a este ERE o a cualquier otro, lo que le llevó igualmente a plantear a la Audiencia que archive la causa contra Antonio Rivas.