Un informe oficial aconsejó en 2001 que Las Cruces fuera una mina subterránea

"Debería haberse considerado la explotación en mina que, en principio, parece mucho menos impactante desde el punto de vista del medio y los recursos naturales y, en cualquier caso [...] no haber procedido a descartarla a priori, fundándose básicamente en razones de índole económica". Esta era una de las recomendaciones que el Cedex (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Fomento) realizó en septiembre de 2001 en un informe en el que analizaba el proyecto de construcción de la corta a cielo abierto planteado por la empresa Cobre Las Cruces, SA.

Dicho informe no sólo cuestionaba el impacto que las instalaciones iban a tener y sugería la posibilidad de realizar la extracción de cobre a través de galerías subterráneas, sino que también ponía en duda los cálculos realizados por la compañía para poner en marcha el sistema de drenaje-reinyección del agua que se sitúa por encima de los 30 millones de toneladas de mineral.

"No resulta clara la viabilidad del método de eliminación del agua subterránea drenada en la corta durante los trabajos de excavación inicial y de explotación, basado en la reinyección de la misma en puntos alejados del acuífero" Niebla Posadas, indicaba el informe del Cedex, suscrito por Juan Manuel Varela Soto y Javier Cachón de Mesa.

Estas conclusiones sirvieron de base a la denuncia presentada en mayo pasado ante la Fiscalía hispalense por Ecologistas en Acción contra Cobre Las Cruces y a la querella que el pasado miércoles presentó el Ministerio Público contra la dirección de la empresa, propiedad de la multinacional canadiense Inmet Mining Corporation.

Las consecuencias de este informe van más allá puesto que el siguiente paso dado por la fiscal responsable de las actuaciones, Yolanda Ortiz Mallol, ha sido solicitar al Cedex la elaboración de un nuevo informe técnico "acerca de las irrregularidades existentes en la citada explotación y el peligro contaminante del acuífero", al cual han llegado sustancias nocivas, como arsénico, según consta en el propio escrito de acusación.

Ecologistas en Acción subraya que el Cedex expresó hace siete años sus dudas acerca de la fiabilidad del sistema de drenaje y reinyección del agua, cuyo diseño es casi experimental y que nunca, según la citada organización, ha sido puesto en funcionamiento en una mina en actividad.

El organismo dependiente de Fomento echó en falta hasta nueve informaciones relevantes de carácter técnico en el proyecto (mapas de isobatas e isopacas, ensayos de permeabilidad, medidas de perfiles de conductividad, de temperatura, de radiación gamma natural, medidas de los isótopos estables del agua, del Carbono 14, medida de los flujos verticales, distribución precisa de parámetros químicos que no se habían tenido en cuenta en el diseño del sistema) y puso el acento en que el proyecto carecía de un plan específico para hacer frente a a posibles situaciones de emergencia.

"Un aspecto que llama la atención en la Memoria del Proyecto es la falta de alternativas para solucionar los problemas que puedan plantearse en el futuro. La experiencia demuestra que, en esta clase de explotaciones, suelen surgir diversos problemas inesperados", indicaba el Cedex, que añadía que "la Memoria del Proyecto sólo considera soluciones únicas y definitivas, sin que se tengan en cuenta soluciones alternativas o soluciones de emergencia en caso de que lleguen a ser necesarias".

Este informe, además, fue presentado por la Comisaría de Aguas Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) como anejo a un dossier propio donde se sostenía que "la mayor parte de las soluciones adoptadas en el estudio de alternativas, sobre todo en lo que a la gestión del acuífero y al método de explotación se refiere, están apoyadas en propuestas que tienen fundamentalmente en cuenta consideraciones económicas".

"Se echa de menos en este apartado un verdadero análisis de alternativas que estudie diferentes soluciones y adopte aquella que menor coste medioambiental presente". A pesar de estas advertencias, el 6 de agosto de 2003, la Dirección General de Minas de la Junta de Andalucía concedió el permiso a Cobre Las Cruces.