Este viernes 6 de julio se cumple el plazo límite para que los propietarios de edificios de 25 a 50 años de antigüedad presenten el primer informe de la inspección técnica de edificios (ITE), cuyo coste medio oscila entre los 400 euros de los bloques más pequeños (seis viviendas) y los 700 euros de los más grandes, según datos del Colegio de Aparejadores.

Fuentes de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla aclararon este miércoles a este periódico que no habrá nuevas prórrogas en el plazo porque ya se concedió un año extraordinario en mayo de 2011 (en el gobierno anterior de PSOE-IU con los votos a favor del PP) y añadieron que la obligación del Ayuntamiento es garantizar que los edificios estén en perfecto estado. El Parque Alcosa es la única zona que mantiene la prórroga mientras dure el plan de rehabilitación de sus bloques.

Según datos municipales, los edificios afectados por este plazo límite son como mínimo 26.049. Urbanismo no supo precisar qué porcentaje de estos cumplió con su obligación hasta este miércoles y sólo aclaró que "muchos han presentado el informe". Hasta el 4 de marzo de 2011 se habían presentado únicamente 3.374 informes, un 13% del total.

Desde las filas de la oposición, el portavoz del PSOE, Juan Espadas, intentó sin éxito el martes que el equipo de gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP) aprobara de urgencia en el Pleno una nueva prórroga para presentar la ITE, esta vez de "al menos tres años" hasta que pase la crisis. En la moción el PSOE también pedía al gobierno que renuncie a cobrar una nueva tasa por cada inspección presentada a partir del 1 de enero de 2013. El PP rechazó la propuesta absteniéndose en la votación sin dar más explicaciones.

El deber de inspecciones afecta esta vez en su mayor parte a vecinos de barrios obreros como Bellavista, Polígono San Pablo, Tiro de Línea, Torreblanca, Pajaritos, La Oliva, entre otras, que ven imposible afrontar el pago de informes técnicos sobre el estado de conservación de sus edificios con la situación actual de desempleo, crisis económica y financiera. Vecinos consultados de algunas de estas barriadas reclaman que el Consistorio asuma subsidiariamente este pago y luego lo repercuta a los vecinos. En las casitas bajas de Torreblanca el malestar es absoluto porque el pago no puede compartirse como en edificios.

El Colegio de Aparejadores tampoco ve necesaria otra prórroga y sugiere medidas especiales de pago para los barrios más necesitados. Los aparejadores critican que el Ayuntamiento nunca penaliza a los que incumplen la ordenanza que regula esta inspección y, sin embargo, sí va a cobrar a partir de 2013 una tasa a los que sí cumplen la inspección.

La inspección de edificios debe hacerla un arquitecto o aparejador independiente. El presidente del Colegio de Aparejadores, José Antonio Solís, alertó este miércoles del intrusismo de los falsos técnicos que ofrecen inspecciones más baratas por 50 a 100 euros y sin exigir seguro porque detrás de ellos hay una empresa constructora que se ofrece a hacer las obras.

El negocio que genera estas inspecciones está provocando una avalancha de propaganda de empresas de reparaciones en los buzones de las zonas residenciales afectadas donde se advierte a los vecinos de que contraten sus servicios, so pena de ser sancionados por el Ayuntamiento con multas de 600 euros (infracción leve), 3.000 euros (infracción grave) y 6.000 euro (infracción muy grave).

El PSOE ya denunció a finales de junio que la Gerencia de Urbanismo conoce estas prácticas engañosas de algunas empresas y se quejó de que desde el gobierno local no se hace nada por evitar que confundan a los vecinos haciéndoles creer que la amenaza proviene directamente de la Gerencia de Urbanismo.