La Junta de Andalucía pide en los tribunales a Isla Mágica que desaloje el Pabellón de España por su total abandono

Techos caídos, suelos de madera arrancados, maleza invadiendo los zonas comunes, fosos anegados, habitaciones llenas de enseres inservibles, archivos abandonados, pasillos invadidos por excrementos y cadáveres de palomas, barandillas oxidadas, paredes desconchadas, focos sostenidos con cinta aislante... Este es el lamentable aspecto que ofrece el Pabellón de España, uno de los emblemas de la Expo 92, catalogado como Patrimonio Histórico Andaluz desde 2009, según imágenes del inmueble tomadas en noviembre de 2024 y a las que ha tenido acceso este periódico.

Tal es su estado de deterioro que ha llevado a su propietario, la Junta de Andalucía a través de la empresa pública Epgasa, a pedir en los tribunales su desalojo por parte de la sociedad Parque Isla Mágica. Las diferencias entre la Junta de Andalucía y la empresa que explota el parque por su falta de conservación no han surgido ahora, sino que se remontan a 2016, cuando era presidenta Susana Díaz. Ha transcurrido casi una década sin que el casero y el inquilino del Pabellón de España se hayan puesto de acuerdo sobre un edificio que ya presenta un estado ruinoso.

En 2009, Agesa, la empresa que heredó los activos de la Expo 92 y que hoy se denomina Epgasa, alquiló el Pabellón de España a la empresa que explota el parque temático Isla Mágica, hoy participada en un 93% por el grupo francés Looping. El edificio fue incluido por la Junta de Andalucía en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz, lo que impone obligaciones especiales de conservación y mantenimiento, razón por la cual en el contrato de arrendamiento se estipuló que Parque Isla Mágica asumía el mantenimiento íntegrado del inmueble, incluidos sus elementos estructurales y el cumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico, según las mismas fuentes.

El edificio es inmenso, ya que tiene construidos 28.160 metros cuadrados, espacio suficiente para acoger a 1.400 trabajadores. Por el uso de ese edificio, Isla Mágica paga una renta anual de 217.000 euros, a razón de 8,8 euros por metro cuadrado, un precio ventajoso considerando el actual mercado inmobiliario en la Cartuja. Fuentes de Isla Mágica han confirmado que sus oficinas están alojadas actualmente en el Pabellón de España. A tenor de las cuentas presentadas por la empresa en el Registro Mercantil, el parque tenía al cierre de 2023 una plantilla de 452 empleados, aunque el número medio de empleados se situaba en 272.

Los rifirrafes entre la Junta y Parque Isla Mágica a cuenta de este edificio comenzaron en 2016, cuando Epgasa denunció el "lamentable estado de conservación" del inmueble y requirió a la concesionaria que lo reparase. La empresa, que no ha querido hacer declaraciones a este diario sobre este pleito, prometió un plan de actuaciones pero el mantenimiento no se llevó a cabo adecuadamente, informan las mismas fuentes.

Entre 2020 y 2021, ya con Juanma Moreno en el Gobierno andaluz, se iniciaron negociaciones entre ambas partes, en las que Parque Isla Mágica pidió reducir el canon y modificar el contrato alegando perjuicios por la pandemia, que le provocaron en un solo año seis millones de euros de pérdidas, por lo que solicitó además limitar su obligación de mantener el pabellón, a lo que se negó la Junta de Andalucía.

Obras de urgencia

La Inspección Técnica de Edificios (ITE) de 2021 detectó en el Pabellón de España graves deficiencias y riesgo para la seguridad por desprendimientos de placas en el techo. La peligrosidad que suponía el estado ruinoso del edificio para los usuarios del edificio obligó a la Junta de Andalucía a ejecutar obras de mantenimiento con carácter de urgencia por más de 627.000 euros, que reclamó a Isla Mágica, pero la concesionaria se negó alegando que los daños provenían de vicios ocultos del edificio.

En agosto de 2024, nuevas inspecciones, informes técnicos y actas notariales levantadas por la Junta evidenciaron "el abandono, suciedad y deterioro generalizado", a pesar de lo cual el Parque Isla Mágica insistió en renegociar o reducir el contrato, lo que Epgasa interpretó como una actitud de rebeldía en el cumplimiento del contrato. Las relaciones entre ambas partes empeoraron, hasta el punto de que en noviembre de 2024 Epgasa comunicó la resolución del contrato y exigió el desalojo antes del 31 de enero de 2025, resolución que Isla Mágica rechazó alegando diferencias interpretativas y no incumplimiento del contrato de arrendamiento.

Al no surtir efecto las reclamaciones de Epgasa a Parque Isla Mágica, la empresa pública decidió llevar a los tribunales a su inquilino, recayendo el pleito en un Juzgado de Primera Instancia de Sevilla. En el mismo, la Junta de Andalucía pide la resolución del contrato de arrendamiento del Pabellón de España, su desalojo y la reclamación de daños e interses por el dinero invertido en obras urgentes. Además, Epgasa hará valer que Parque Isla Mágica se ha beneficiado del uso del inmueble pagando un canon reducido durante varios años, mientras ella asumía los costes de conservación. A pesar de las reiteradas peticiones de este diario, Isla Mágica ha rehusado hacer declaraciones sobre la situación del Pabellón de España.