Eva María Expósito Rosado busca a dos hermanas gemelas mayores que ella que nacieron el 4 de mayo de 1968. Esmeralda Fernández Portillo, a un hermano pequeño que nació el 9 de febrero de 1967; Juana Román y su marido, Manuel Muñoz, a un varón, el gemelo de su otro hijo, que nació el 14 de agosto de 1977; Irene Ronda González, al hijo que dio a luz el 8 de febrero de 1967; Carmen Lorente Oliva, al bebé que alumbró el 3 de octubre de 1979; y Humildad Calvente y su esposo, Emilio Oviedo, a su primera hija, del 3 de mayo de 1977. A todos ellos les aseguraron en el hospital que fueron atendidos que el bebé había muerto pero ninguno pudo ver el cadáver. Les convencieron diciendo que estaban deformados. Tampoco pudieron hacerse cargo del entierro a pesar de que algunos tenían seguro o un nicho familiar. Ellos no dudan de que sus hijos fueron robados al nacer y de la existencia de "una trama bien organizada en la que no sólo estaban involucrados médicos y matronas, también funcionarios del Registro Civil y notarios".

Diez años después de la creación de la asociación de afectados de Sevilla y cinco desde que saltara esta trama nacional a los medios de comunicación, sus víctimas siguen luchando y se quejan de la "inacción" y "la falta de investigación por parte de los tribunales, la Policía y otros organismos públicos". Sienten que sus denuncias están en limbo mientras los presuntos responsables, de edad avanzada, van muriendo impunes.

La mayoría fueron enterrados en fosas comunes, lo que dificulta su exhumación

La Asociación Sevilla Bebés Robados tiene constancia de casi 400 casos en la provincia, aunque calcula que podría haber más de 1.500 entre padres que buscan a sus hijos o niños adoptados, hoy ya adultos, que buscan a su familia biológica, como es el caso de Alfonso Cárdenas, secretario de esta asociación, que descubrió que era adoptado cuando pidió un certificado de nacimiento para su boda aunque esperó a que falleciera su padre adoptivo para indagar sobre su pasado. Cárdenas desconoce con exactitud el año de su nacimiento: 1965 ó 1966.

Estas supuestas sustracciones no sólo ocurrieron durante la dictadura, sino que se prolongaron durante la democracia y hasta prácticamente el cambio de siglo. "Los primeros casos son de 1953 y 1954 y los últimos que nos han llegado son de 1995 y 1996. Lo peor se vivió en la década de los 70", explica Carmen Lorente, presidenta de la Asociación Sevilla Bebés Robados.

Según las investigaciones de Alfonso Cárdenas y las denuncias presentadas por los socios de la asociación (muchas de ellas archivadas), la mayoría de estos alumbramientos se produjeron en el Hospital de las Cinco Llagas y el antiguo hospital García Morato, hoy Virgen del Rocío. En muchos casos coinciden el personal médico y la salas en las que las mujeres dieron a luz, "la sala del Rosario y Santa Teresa". También hay similitudes en el día del parto, sábado o domingo; y en otros no consta en ningún documento oficial el ingreso de la madre en el hospital.

El perfil de las víctimas es variado. Mujeres solteras o matrimonios de todas las edades, algunos primerizos y otros con dos, tres o cuatro hijos más. Hay casos en los que incluso eran partos múltiples. Procedían de Sevilla capital, Utrera, Alcalá del Río, El Viso del Alcor, Guillena, Las Pajanosas o Marinaleda, entre otros municipios.

La causa de la muerte también era variada y en algunos casos hasta disparatada. Desde un derrame cerebral hasta una rotura de médula, otitis, diarrea o faringitis. "Era otra época, muchas familias no tenían formación, eran analfabetas, no sabían moverse y se creían lo que les decía un médico", comenta una de las afectadas de la asociación sevillana.

"Las familias adoptivas tenían un alto poder adquisitivo. Pagaban por el niño desde 300.000 pesetas hasta un millón, mucho dinero para aquella época", explica Alfonso Cárdenas, secretario de la Asociación Sevilla Bebés Robados. "Eran bebés a la carta y si querías gemelos tenías que pagar más. En otros casos, iban todos los meses a cobrarles a los padres adoptivos. Era un gran negocio", continúa el hombre. "Algunas de las parejas que adoptaron han reconocido con el tiempo que simularon un embarazo con un cojín al entrar en el hospital y salieron de él con un bebé en brazos".

A Carmen Lorente, a la que tuvieron tres días en una sala de García Morato sin comer y sin poder ver a ningún familiar, le dijeron poco antes de nacer su primer hijo que el bebé estaba muerto. Sin embargo, tras el parto, aunque ella estaba adormilada, asegura que escuchó un bebé llorar. "Estaba como atontada, no podía abrir los ojos, pero cuando escuché el llanto pregunté qué había tenido. Una mujer me dijo: ¿Tú no te has enterado de que tu hijo está muerto? No has tenido nada. Luego me dijeron que había fallecido por asfixia, que se había tragado el meconio", relata la mujer, que aún no sabe con certeza si dio a luz a un niño o a una niña, ya que en sus papeles no lo indica con claridad.

La familia de Carmen Lorente sí logró que le dieran un ataúd con el bebé y lo enterraron en el cementerio de San Fernando mientras ella aún seguía ingresada en el hospital. A los diez años, en 1989, cuando sacaron los restos para meterlo en un osario descubrieron que la caja estaba vacía. "El ataúd era blanco como la nata y dentro sólo había una gasa y un trozo de algodón. El empleado que hizo la exhumación me dijo que posiblemente los huesos, al ser tan pequeños, se habían evaporado, y tiró la caja. Yo me lo creí, era muy inocente, y me fui a casa", se lamenta la mujer entre lágrimas.

Años después vio en la televisión una noticia relacionada con bebés robados y empezó a investigar y a recopilar documentos. "Mi familia no me hacía caso, decía que me estaba obsesionando y la Policía me trató muy mal. Cada vez que iba a la comisaría salía llorando, parecía que el delito lo había cometido yo". Lorente ha presentado tres denuncias desde 2009 y dos de ellas han sido archivadas. "Tengo dos hijos y tres nietos, una familia preciosa, pero me falta una pieza para completar el puzle de mi vida. Necesito encontrarlo y nadie te ayuda. Necesito cerrar heridas".

Humildad Calvente también era primeriza cuando el 3 de mayo de 1977 dio a luz a una niña. "Ingresé tras romper aguas y me tuvieron tres días sin ver a nadie en una sala vacía, tumbada en una mesa. Perdí la noción del tiempo", explica. A Humildad le hicieron una cesárea y en ningún momento informaron a su marido, Emilio Oviedo. "Cuando me desperté, no sabía qué había pasado y nadie me decía qué había tenido por más que yo preguntara". Más tarde, le aseguraron que su hija había muerto, que tenía el cuello roto, daños en los riñones y en la médula. "Nos dijeron que el daño era tremendo. Ahora sé que un niño en una cesárea no sufre esos daños, pero entonces no", admite. "No nos dejaron verla. Mi hermana insistió y le enseñaron un bulto envuelto en gasas pero no le mostraron la cara. Luego, nos hicieron firmar unos papeles. Firmamos sin saber el qué, estábamos conmocionados", relata emocionada 40 años después. "Tampoco nos dejaron enterrarla y la metieron en una fosa común".

El hijo de Irene Ronda González nació con 2,9 kilogramos y lo metieron en una incubadora durante ocho días. Ella tenía otros tres hijos y la más pequeña estaba enferma. "Me dieron el alta y pregunté si podía irme a cuidar a mi hija de dos años y volver por la tarde, ya que allí no podía hacer nada, y me indicaron que sí. Al día siguiente, mi hijo no estaba. Había muerto. No había nada, se habían deshecho del cuerpo sin decirme nada", cuenta. "Yo me lo creí, volví a mi casa y guardé toda la ropita y la cuna". Años después, la mujer empezó a investigar y en los certificados encontró varias irregularidades, como sus apellidos, apareciendo como Gómez, no González, y que su hijo recibió la llamada agua de socorro (bautismo de emergencia) el mismo día de su nacimiento. El niño tenía ocho días de vida pero lo enterraron en una fosa común, lo que dificulta la exhumación.

"Esto es un crimen de estado", manifiesta Alfonso Cárdenas, de la Asociación Sevilla Bebés Robados, que cada primer domingo de mes se concentra en la plaza San Francisco pidiendo Justicia y más recursos que permitan agilizar las investigaciones.