l delegado de Barrios de Actuación Preferente y Derechos Sociales, José Luis García, ha denunciado la “gran incertidumbre” en la que ha terminado la reunión de los ayuntamientos con el ministro de Inclusión, Seguridad Sociales y Migraciones, José Luis Escrivá por videoconferencia. García ha señalado “la improvisación” del ministerio hacia las entidades locales que acogerán los migrantes procedentes de Canarias. En el caso de Sevilla, según el delegado, Escrivá “solo ha hablado de cifras amplias de 70 a 100 personas, pero sin especificar el lugar donde estarían”.

José Luis García ha lamentado la "improvisación permanente" del Ministerio ante "una crisis humanitaria enorme”.

Aunque los ayuntamientos han insistido la creación de una mesa de trabajo permanente para conocer la cifra de personas que llegarán a los diferentes ayuntamientos españoles, según José Luis García, el ministro no ha concretado nada al respecto.

Lo único en lo que José Luis Escrivá ha insistido, siempre según el delegado de Barriadas Preferentes, es que estas personas no se quedarán "ni en estos lugares ni en nuestro país". Una afirmación que García insiste en que son "inciertas" porque la mayoría de los alcaldes "le han demostrado que estas personas se quedan en sus ciudades” sobre todo teniendo en cuenta "la situación de otros países de Europa como Francia o Alemania, donde el propio Gobierno está expulsándolos a sus países de origen. Estos no son destinos atractivos para ellos y creemos que se quedarán en nuestro país, por lo que los servicios sociales de los municipios “tendremos que estar preparados para atenderlos".

En cuanto al lugar donde se instalarán, aunque se señaló la antigua Base Militar de San Pablo, el Ministerio asegura que aún "no sabe" dónde. "Sevilla es una ciudad acogedora y los recibe con los brazos abiertos, pero quiere hacerlo con las mayores garantías y, sin saber con certeza la cantidad de personas que vienen, no se pueden atender".

José Luis García afirma que durante la reunión ha pedido al Ministerio certidumbre “y lealtad institucional” para poder trabajar con estas personas. "Queremos saber cuántos llegan porque necesitarán servicios sociales y esto conlleva financiación. De ahí que le hayamos pedido foros de debate, compromiso de trabajo y fondos económicos para los ayuntamientos". Por su parte, los gobiernos autonómicos han pedido la reunión del Consejo Intersectorial tanto con Escrivá como con Belarra y el Ministerio de Justicia, “algo para lo que tampoco hay fecha".