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Sevilla

Las multas por aparcar en zona de discapacitados generan 490.000 euros

La Agencia Tributaria municipal de Sevilla ha recaudado hasta diciembre 489.500 euros por multas a conductores que han estacionado o parado ilegalmente en zonas reservadas a discapacitados o en pasos con aceras rebajadas. Se ha denunciado a 3.042 personas por este motivo. La cantidad recaudada es inferior en un 13,5% a la alcanzada en el ejercicio de 2009, cuando se cobraron 566.400 euros por 3.776 denuncias, según la información facilitada a Europa Press por el Ayuntamiento.

El aparcamiento en zona para discapacitados ha llevado a la Policía Local a denunciar a 1.706 conductores (frente a los 2.098 en 2009). La recaudación ingresada es de 279.200 euros, un 11,2% menos que el año pasado, cuando las arcas municipales percibieron 314.700 euros. Las denuncias por obstaculizar los pasos rebajados para personas discapacitadas se han puesto a 1.336 conductores (frente a los 1.678 del año pasado). Por este concepto el Ayuntamiento se ha ingresado 210.300 euros, un 16,4 por ciento menos que los 251.700 euros de 2009.

Desde la última reforma de la Ley de Tráfico en 2009 parar o estacionar en estas zonas se considera una infracción grave y se sanciona con 200 euros. Esta conducta no implica pérdida de puntos en el carné.

La ratio de plazas para personas con movilidad reducida es de una de cada 40, una cifra "insuficiente" para el delegado de la ONCE en Andalucía, Patricio Cárceles, "puesto que hay personas que las ocupan indebidamente". Cárceles pide a los ayuntamientos que aumenten su ratio y "que incorporen dentro de la filosofía de los policías locales que quienes tienen que ocupar esas plazas son personas con discapacidad".

La nueva tarjeta de aparcamiento de la Junta de Andalucía para personas con discapacidad beneficia a 8.243 personas en la provincia de Sevilla, que pueden reservar plazas de aparcamiento, previa solicitud, en los lugares necesarios, especialmente cerca de domicilios y lugares de trabajo. La tarjeta es intransferible y tiene validez en España y en la Unión Europea.

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