La liberalización del periodo de rebajas no está exenta de cumplir ciertas obligaciones establecidas por la Administración autonómica. Así lo recuerda el portavoz de la Facua Andalucía, Rubén Sánchez, quien precisa que la normativa estatal está recurrida ante el Constitucional por la Junta. A la espera de la resolución judicial, el representante de esta federación señala que los negocios que opten por rebajar los precios han de cumplir "siempre" con uno de los requisitos fijados para ello: al menos, la mitad de sus productos debe venderse con descuento. "Esta normativa impedirá que mucha tiendas oferten rebajas si luego sólo una mínima parte de sus artículos tienen un precio inferior al habitual".

Pese a este "freno", Sánchez estima que la referida liberalización es "perjudicial" para el consumidor. "Si ya cuesta trabajo que se cumplan todos los requisitos en las temporadas tradicionales, aún más complicado será que la inspecciones se efectúen debidamente cada vez que un negocio decida declararse en rebajas". En este sentido, el portavoz de la Facua también exige a la Junta mayor colaboración a la hora de detectar las irregularidades. "En 2011 denunciamos dos negocios al departamento de Consumo de la Junta porque en febrero anunciaban rebajas cuando eran muy pocos los artículos que contenían descuentos. A día de hoy todavía estamos esperando la respuesta. El Gobierno andaluz debe dar a conocer estos casos, porque su silencio sólo sirve para proteger los intereses de los que cometen fraude".