Denunció un supuesto caso de corrupción en su unidad, en el Seprona de Sevilla, donde detectó unas irregularidades en la tramitación de denuncias sobre el comercio ilegal de productos pesqueros e inmaduros. Después de un registro en la sede de la unidad, la denuncia se acabaría archivando. Pero para ella supuso el fin de su carrera. Desde el año 2015, María Teresa Serrano, entonces sargento primera y hoy brigada de la Guardia Civil, lleva 18 pleitos contra la administración. Un juzgado militar la ha procesado por denuncia falsa y por un delito contra la administración de la Justicia Militar. "Que un juez considerara que no llegaba a la categoría de delito no quiere decir que mi denuncia fuera falsa", dice hoy, aún pendiente de juicio.

Su pelea le motivó un enfrentamiento con el entonces coronel jefe de la comandancia de Sevilla, Fernando Mora Moret. Una testigo calificó el encuentro entre ambos como "la mayor bronca" que había presenciado en los 24 años que llevaba de servicio. Para un juez militar, en cambio, aquello no pasó de una "riña paternal". Esto hizo que el caso llegara incluso al Congreso de los Diputados. La Guardia Civil denunció a la brigada por denuncia falsa, le retiró la especialidad y ordenó su traslado a Madrid, a las conducciones de detenidos y presos. Y también abrió un procedimiento para desahuciarla de la vivienda en la que residía en el acuartelamiento de Montequinto.

La brigada tuvo que dejar la casa, aunque luego terminaría ganando ese proceso judicial. Pero nadie se la ha devuelto, como tampoco ha sido reincorporada a su puesto en Sevilla, pese a que también lo ganó en los tribunales. "Necesidades del servicio", es la excusa que la Dirección General alega. Su ascenso, además, es una dificultad, porque esa plaza era para un sargento primero y percibiría menos sueldo si la obtuviera. Mientras sale alguna plaza para brigada, sigue sin destino en la capital andaluza.

Tras estos cinco años de enredo judicial resumidos en tres largos párrafos, la brigada ha ganado una nueva batalla en los tribunales, de la mano del abogado que la ha representado durante todos estos años, Fermín Vázquez. Después de la "riña paternal", la suboficial pidió la apertura de un expediente al coronel y quiso tramitarlo con el general jefe de la IV Zona, que entonces era Laurentino Ceña Coro. Este alto cargo de la Guardia Civil sería noticia nacional cuando, poco antes de jubilarse, presentó su dimisión por los desacuerdos con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que había cesado al jefe de la comandancia de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por pérdida de confianza después de que éste firmara un atestado sobre la relación entre las manifestaciones feministas del 8 de marzo y la expansión de la pandemia por el coronavirus.

Pero esa es otra historia y ya fue más que contada. Ceña Coro se negó a tramitar la solicitud de la brigada, lo que le llevó a recurrir esta decisión en los tribunales. La Sala de Justicia del Tribunal Militar le da ahora a la razón a la suboficial, anula la resolución de Ceña Coro y y retrotrae el caso al momento justamente posterior al enfrentamiento con el coronel. De ahí que la brigada haya presentado un escrito dirigido a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, en el que pide que se la abra el expediente a Fernando Mora, que actualmente es general y está destinado en Madrid.

La carta relata que el entonces coronel "humilló, vociferó, abroncó, insultó, abochornó y ofendió" a la brigada, "todo ello en el interior de su despacho, en un tono de lo más agresivo, fuera de sí, y a viva voz". Entre otras cosas, le dijo que era ella quien no encajaba en la unidad, que "estuviera quieta de una puta vez, que no había ganado, que dejara de sacar mierda de la unidad, que hiciera las maletitas y se largara del Seprona". "Tales improperios como pago por cumplir con el deber y la obligación de no tolerar actos corruptos en el seno de la unidad", añade el escrito, que recuerda que la diputada socialista Zaida Cantera se interesó por el caso y planteó varias preguntas al Gobierno, entonces presidido por Mariano Rajoy. El Ejecutivo respondió recordando que las denuncias de la suboficial se habían archivado.

El caso está ahora en la mesa de la directora general, María Gámez, mientras la brigada afronta el juicio por denuncia falsa en la jurisdicción militar y confía en recuperar su plaza y su vivienda.