Puertos del Estado todavía no se ha pronunciado sobre si autoriza al Puerto de Sevilla a aprovechar los fondos europeos ya perdidos del dragado para otras obras portuarias de mejora o, en cambio, se llevará todo el dinero o parte para otras provincias andaluzas. La reunión sobre este asunto está próxima: ambas partes se verán las caras a lo largo de este mes de abril, según anunció ayer a la prensa la presidenta, Carmen Castreño.

Respecto al nuevo rapapolvo que la Comisión Europea ha dado a España sobre el proyecto del dragado de profundizción del río y a los dos meses de plazo que hay para responder, Castreño explicó que el organismo que preside está preparando una respuesta "porque los planteamientos que se han hecho a la Comisión Europea no responden a la realidad ni al informe científico que se emitió en su momento".

La Comisión Europea dio a finales de marzo un paso más en el proceso de infracción abierto en 2013 contra España por el proyecto del dragado del Guadalquivir para mejorar el acceso al Puerto de Sevilla y da dos meses a la autoridades españolas para evaluar en profundidad el impacto que esta obra podría tener sobre espacios protegidos como Doñana. El proceso en Europa se originó tras la denuncia de WWF-España contra el dragado.

El dictamen motivado es la segunda llamada de atención que Europa da a España para cumplir la normativa ambiental comunitaria. Recuerda que la legislación permite un proyecto, incluso si recibe una evaluación negativa, "por razones imperiosas de interés público", pero en ese caso se necesitan "medidas compensatorias para garantizar que la coherencia global de la red Natura 2000 quede protegida". Si la respuesta de las autoridades españolas no es satisfactoria, el gobierno europeo puede presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia con multa o sanción contra España por el dragado.