El juez manda a prisión a un empresario sevillano por la venta ilegal de fármacos

Cinco sevillanos declararon ayer como imputados en la trama de la venta ilegal de medicamentos al extranjero ante el juez Jerónimo Cano, en Teruel. Al menos dos detenidos pertenecen a la misma familia, Pérez Miranda, propietaria de las farmacias de Pino Montano y de la calle Rafael González Abreu y del almacén de distribución de Bollullos de la Mitación clausurados por la Guardia Civil el pasado miércoles. Y otro de ellos es un trabajador, que fue imputado pero no fue arrestado.

Sobre las once de la noche, tras interrogar desde las ocho de la mañana a un total siete detenidos, un imputado y un testigo, el juez decretó la libertad con cargos de siete de los ocho implicados en la trama. El magistrado sólo dictó prisión, eludible con una fianza de 100.000 euros, para el empresario sevillano José Luis Pérez Miranda. Además, Cano le acusa de intrusismo profesional. El principal implicado aparece como titular de las tres oficinas registradas por la Guardia Civil en Sevilla.

Desde que arrancó la operación, conocida como Convector, el juez Cano ha imputado a 40 personas en todo el país. Y la investigación sigue abierta.

En Sevilla, el almacén precintado, de la firma Chelin Pharma, se encuentra en el Polígono Industrial Pibo, en el municipio de Bollullos de la Mitación. Hasta aquí se desplazaron el miércoles hasta ocho coches de la Guardia Civil, según relatan trabajadores de la zona. "Llegaron a las once de la mañana y se fueron a las nueve de la noche, aproximadamente", cuenta un empleado de la empresa de mensajería Envialia, situada enfrente de la nave precintada. "Varios vehículos taparon la puerta y no pudimos ver nada, sólo cómo se llevaban al propietario detenido". Estos trabajadores recuerdan también cómo un par de empleadas sufrieron un ataque de ansiedad durante el registro de la Guardia Civil.

Chelin Pharma abrió en 2007 y, según la propietaria del local anexo, el bar Macajea, contaba "con unos diez empleados". Y admite que nunca vio nada extraño en la actitud de su vecino. Otros trabajadores del polígono industrial Pibo sí afirman haber visto, "con bastante frecuencia", un tráiler de matrícula alemana "que recogía mercancía", pero no se puede confirmar su vinculación con la trama.

La operación Convector tiene su origen en la detención el pasado mayo de una farmacéutica de la localidad turolense de Palomar de Arroyos, con motivo de otra actuación, Pharmakon. En este caso, la boticaria revendía a una parafarmacia valenciana medicamentos que previamente había cobrado del Servicio Aragonés de Salud.

La conversación telefónica de la farmacéutica con un distribuidor alertó a la Guardia Civil de la existencia de una trama paralela, la venta ilegal de medicamentos al extranjero, en la que estarían involucrados los cinco imputados sevillanos.

Así, según el sumario de la causa, levantado parcialmente, Amparo Armiñana, titular del local, adquirió 380 envases de Sinemet Plus en un periodo de 37 meses y sólo facturó ocho de ellos. Esto provocó, según un informe del Sistema Aragonés de Salud, "que durante varios meses enfermos de párkinson, que se encontraban controlados con dicho fármaco, tuvieran que cambiar de tratamiento", al producirse un desabastecimiento, "con el consiguiente perjuicio sanitario".

Zaragoza, Teruel, Barcelona, Valencia, Granada, Málaga Alicante, Cuenca y Pamplona son otras de las provincias salpicadas por esta trama.

El secretismo era el denominador común. Los miembros de la organización no se conocían. Según fuentes cercanas a la investigación, las farmacias implicadas recibían un correo electrónico con un listado de los medicamentos de más que debían pedir a su distribuidor habitual, a cambio de una comisión. Posteriormente, estos eran trasladados a un almacén tapadera que los vendía al extranjero. Los organizadores obtenían con esta transacción hasta un 800% de beneficios, ya que vendían los medicamentos a un precio hasta tres veces por encima del que habían pagado por adquirirlos. A pesar de su elevado coste, las empresas internacionales se veían atraídas por este sistema porque el precio de los medicamentos seguía siendo inferior al precio establecido por el Gobierno español para las exportaciones.

En otras ocasiones, el farmacéutico recibía cada cierto tiempo la visita de un repartidor que recogía una caja con los medicamentos, aunque en el registro oficial aparecían como pañales, productos de ortopedia o de limpieza.