Los presos que sufren enfermedades mentales han dejado de recibir asistencia psiquiátrica tras la ruptura de un acuerdo entre el Ministerio del Interior y la Consejería de Salud que permitía que especialistas externos a los centros penitenciarios atendieran a estos pacientes. Sólo en la cárcel de Morón 800 de los 1.400 reclusos necesitan terapias con psicofármacos, pero han dejado de recibir asistencia especializada. Los médicos de familia adscritos a la prisión se encargan ahora de todos los problemas de salud de la población reclusa. Tras comprobar el abandono en el que se encuentran estos presos, el Defensor del Pueblo Andaluz y la Defensora del Pueblo Español se han unido para instar a las administraciones a que vuelvan a dotar de psiquiatras a las cárceles.

José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz, advirtió de la falta de recursos para atender a los enfermos mentales y recordó que el 40% de los presos andaluces sufre algún trastorno. Lejos de recuperarse, estos enfermos que ingresan en prisión empeoran e incluso corren el riesgo de caer en adicciones al carecer de una asistencia adecuada.

Los recortes en los servicios sanitarios públicos tienen un doble impacto en salud mental, un área que arrastra profundas carencias desde hace décadas. La reforma psiquiátrica de los años 80 permitió cerrar los antiguos manicomios, pero no llegó a dotar al sistema sanitario de nuevos dispositivos capaces de responder a las necesidades de los enfermos y sus familias. Ahora, la falta de recursos se agudiza con los recortes sanitarios, que limitan aún más la asistencia a las personas que sufren enfermedades mentales, lo cual deriva en un mayor riesgo de que terminen cometiendo faltas o delitos y de que ingresen en la cárcel o terminen en la indigencia. A este problema que se enquista con la crisis se añade el progresivo aumento de los problemas de salud mental. "Cada día hay más casos de desajustes mentales y la Organización Mundial de la Salud considera que son la gran pandemia de nuestro tiempo", recordó ayer Concha Cuevas, presidenta de la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, Feafes-Andalucía.

Pese a este aumento de casos, los dispositivos sanitarios de salud mental "están al 50% de lo que llegamos a lograr con el esfuerzo de la Junta de Andalucía". Para la portavoz de estas familias, los recortes en salud mental son "humillantes" e incidió en que "prueba de ello son los recientes sucesos acaecidos en Dos Hermanas" refiriéndose a triple parricidio que cometió un enfermo de esquizofrenia que se encontraba en pleno brote psicótico tras abandonar el tratamiento. Cuando cometió los crímenes, este parricida confeso no recibía asistencia pisquiátrica desde hacía más de un año. Al vincular este suceso con los recortes que merman la asistencia en salud mental, Cuevas recordó que los especialistas trabajan bajo mínimos, ya que con la reducción de la jornada laboral un 25% de los eventuales "se ha perdido a mucho personal". La presidenta de Feafes denunció además que "no se puede permitir que dos enfermos graves compartan habitación en la Unidad de Agudos sin vigilancia".

Un frente común contra la reforma del código penal

El Observatorio de Salud Mental de Andalucía, que se creó el 19 de diciembre y está integrado por expertos en enfemedades mentales (fiscales, portavoces de las familias, coordinadores de programas de salud, técnicos del Defensor del Pueblo, entre otros), mostró este jueves un rechazo frontal contra la reforma del código penal que prepara el Gobierno, que consideran inconstitucional. Esta reforma permite la posibilidad de la prórroga perpetua, cada cinco años, de las medidas de internamiento psiquiátrico, denunció  Concha Cuevas, presidenta de Feafes.  Además, "esta reforma no tiene en cuenta la realidad de los juicios rápidos, donde resulta difícil detectar la presencia de trastornos o anomalías psíquicas y en ningún caso realizar un examen exhaustivo. Como consecuencia de ello nos encontramos con un número muy importante de personas con enfermedad mental cumpliendo penas en prisiones ordinarias", según hace constar el Observatorio.

José Chamizo "En la cárcel se incrementa el perfil dual, toxicómano y enfermo mental"

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, advirtió que en Andalucía alrededor de 16.000 personas permanecen presas, de las cuales el 40% son enfermos mentales.  Además, "está creciendo el perfil dual en la cárcel, enfermo mental y toxicómano", añadió. Ante este elevado número de personas con trastornos, Cuevas advirtió que la reforma del código penal  que prepara el Gobierno  llenaría aún más las cárceles de personas con enfermedad mental. En "esta reforma sólo se habla de peligrosidad y riesgo, cuando no es verdad, ya que la población con enfermedad mental delinque un 50% menos que el resto de la población general". Cuevas recordó que las personas que sufren enfermedades mentales graves pueden vivir de forma bastante normalizada siempre que tengan un soporte social y sanitario adecuado". Feafes advirtió que los recortes tienen un fuerte impacto en estos pacientes y sus familias.