El protocolo específico de actuación ante supuestos casos de ciberacoso en los colegios e institutos andaluces elaborado por la Junta da potestad a maestros y profesores para requisar teléfonos móviles ante la sospecha de que pueda estar dándose un caso de acoso.

En declaraciones a los periodistas en Jabugo (Huelva), la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, señaló ayer que "no se trata de requisar el teléfono por el hecho de requisarlo, sino por poder capturar todo aquel conjunto de imágenes o de conversaciones que se hayan podido mantener a través del terminal tanto del acosado como de los posibles acosadores".

La medida se extiende, si fuese necesario, "a los testigos pasivos del caso en cuestión, y que han sido receptores sin poner ninguna contraseña ni aviso de lo que estaba sucediendo", explicó la titular de Educación.

De la Calle incidió en que en el acoso "son muchos los elementos que juegan, incluso el testigo pasivo es culpable de no haber tomado medidas y no haber denunciado el caso".

La consejera destacó que para evitar este tipo de situaciones se ha elaborado un protocolo que "reúne las máximas garantías para ponerse en aplicación y para tomar medidas correctoras que es la última consecuencia".

"Desde el primer momento que hay una denuncia, se pone en marcha una atención psicológica con la que se intenta mejorar el estado anímico de la persona acosada y, evidentemente, a partir de ahí, se toman medidas en positivo para todos aquellos que han participado en el caso, tanto para el que la ha sufrido como para su autor", apostilló.