El sindicato Acaip denuncia la "desprotección" de una funcionaria acosada por un preso en la cárcel de Sevilla II

Acaip-UGT, sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario, ha denunciado la "preocupante situación" que se está produciendo en el Centro Penitenciario de Sevilla II, donde una funcionaria de vigilancia permanece "desprotegida" frente a "una situación clara de acoso" por parte de un preso, "sin que la Administración haya adoptado medidas eficaces para garantizar su seguridad".

Los hechos se remontan al 13 de enero, cuando un interno clasificado en FIES 4 (fichero reservado para determinados perfiles que condicionan el movimiento dentro del centros por sus características) remitió una carta a una funcionaria del módulo con un contenido que "evidencia una clara fijación personal y una conducta de acoso". En concreto había frases como “llevo tiempo observando cómo trabajas”, “me gustaría que tomásemos un café y conocernos mejor” o “te facilito mi nombre en Facebook y mi teléfono”.

La trabajadora, "actuando de manera absolutamente profesional", comunicó de inmediato los hechos a la dirección del centro, que a su vez le informó de que el interno sería trasladado a otro centro penitenciario como medida de protección. "Sin embargo, a fecha 22 de enero, dicho traslado no se ha materializado, lo que obliga a la funcionaria a seguir coincidiendo con el interno en el módulo o, en su defecto, a que sea ella quien tenga que ser apartada de su puesto habitual", lamenta el sindicato, para el que esta situación "supone en la práctica un castigo al trabajador que actúa correctamente", mientras que "el autor de la conducta de acoso no asume consecuencia alguna".

"Desde Acaip denunciamos que esta situación pone de manifiesto una alarmante doble vara de medir por parte de la Administración penitenciaria. Resulta especialmente grave que estos hechos se produzcan apenas unos días después de la publicación de la Instrucción I-1/2026, por la que se aprueba el Protocolo de actuación para la prevención, protección y atención de las personas privadas de libertad víctimas de violencia sexual en el medio penitenciario", señala la organización de trabajadores. En esa instrucción, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias establece la obligación de actuar de forma inmediata ante cualquier indicio de violencia o acoso, prioriza la protección de la víctima, adopta medidas preventivas urgentes y evita cualquier revictimización. "Sin embargo, cuando la víctima es una trabajadora penitenciaria, la respuesta administrativa se retrasa, se minimiza el riesgo y se deja al personal expuesto", critica Acaip.

El sindicato denuncia que esta situación "evidencia una preocupante contradicción en la gestión penitenciaria". "Mientras se desarrollan protocolos exhaustivos para la protección de los internos ante cualquier situación de violencia o acoso, no existe la misma diligencia ni sensibilidad cuando quien sufre el acoso es una funcionaria, con lo que se priorizan de facto los derechos del agresor frente a la seguridad de la víctima", explicca.

"La seguridad del personal penitenciario no puede quedar supeditada a la inacción administrativa ni a decisiones que trasladan el problema a la víctima. Cambiar de puesto a la funcionaria no es una solución, es una injusticia", agrega.

Acaip, en consecuencia, reclama "la adopción inmediata de medidas reales y eficaces para proteger a la funcionaria afectada; el traslado urgente del interno, tal y como fue comunicado por la Dirección; la aplicación de protocolos de prevención y actuación frente al acoso también para los trabajadores penitenciarios; y que se ponga fin a una política que penaliza al personal que actúa correctamente y denuncia situaciones de riesgo".