El activista sevillano Antonio Buenavida, que había solicitado al Sistema Andaluz de Salud asistencia para morir debido a un cáncer terminal, se suicidó hace unos días tras considerar "inaceptable" la demora en los plazos para proceder a la eutanasia.

La presidenta de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Isabel Torres, ha explicado a Efe que el caso de Antonio Buenavida es el de un activista, muy comprometido con asociaciones como Marea Blanca, que ha querido "poner encima de la mesa" las "trabas burocráticas" que están sufriendo estos pacientes desde que entró en vigor la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia el 25 de junio de 2021.

Según Torres, Antonio Buenavida, con un cáncer terminal, tardó diez días en conseguir un médico de referencia, algo que no debe tardar más de 48 horas, y casi un mes en contactar a un facultativo consultor.

En un caso como el suyo se podrían "haber acortado los plazos, pero no fue así" y al final entra en el mismo tiempo que la mayoría de los solicitantes, "con hasta ocho meses de espera y en algunas ocasiones con personas muriendo antes de que se le apruebe" la eutanasia, ha señalado Torres.

Andalucía constituyó en noviembre de 2021, casi cinco meses después de que entrara en vigor la norma, la Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda a morir, formada por 13 miembros, de los que cinco son titulados en Medicina, otros cinco en Derecho y tres en Enfermería -un presidente, un vicepresidente y once vocales-.

Isabel Torres ha indicado que la Comisión "no funciona mal", sino que el problema radica en que gran parte de las ocasiones los expedientes "o se pierden por el camino o están mal argumentados", por lo que el sistema en la comunidad andaluza adolece todavía de la "agilidad" que tienen otras comunidades autónomas.

Según la presidenta de la DMD, en la atención primaria, que es el primer lugar al que acuden los enfermos, los profesionales están "poco formados e informados y la mayoría no saben qué hacer con las peticiones", lo que se une a la "saturación y sobrecarga" que caracteriza a los médicos de este nivel asistencial.

Un total de 19 andaluces han solicitado al Sistema de Salud asistencia para morir, de los que sólo la han recibido 11, casi el 58% del total, cuando se ha cumplido un año desde que entró en vigor la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia y que despenalizó la muerte asistida en algunas circunstancias.

Según los datos ofrecidos a Efe el pasado mes de junio por la Consejería de Salud, hay seis peticiones que han sido rechazadas y otras dos están pendientes de resolución, al tiempo que a fecha de 20 de junio se han inscrito 523 profesionales sanitarios al registro de objetores de conciencia a realizar la prestación de ayuda a morir -257 en 2021 y 266 en 2022-.