Los terrenos cedidos a la CEA para VPO en Sevilla Este valían 10 millones

Los terrenos que el Ayuntamiento de Sevilla cedió a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) para construir una promoción de viviendas de protección oficial en Sevilla Este que sigue sin terminarse están valorados en diez millones de euros. Así lo indicó ayer en un comunicado la asociación Isbylia, que representa a los más de 500 afectados que siguen esperando que se terminen sus casas. El suelo fue cedido por el Consistorio a la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, compuesta íntegramente por la patronal andaluza.

La CEA está siendo investigada actualmente en dos causas judiciales relacionadas con esta promoción de viviendas, que tendría que haber construido el grupo Dolmen. La primera de estas investigaciones judiciales nació a raíz de una denuncia interpuesta por las empresas subcontratadas que realizaron las obras de una primera fase y no cobraron nada por sus trabajos. La segunda causa acaba de abrirse tras la presentación de una denuncia ante la Fiscalía por parte del banco malo, la Sociedad de Getión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que alertó de un desfase de entre 12 y 14 millones de euros en la ejecución de la promoción.

Tras la primera denuncia, el juzgado de Instrucción 3 de Sevilla ha abierto una investigación por estafa contra toda la cúpula de la CEA. En concreto, la denuncia se dirige contra el presidente de los empresarios andaluces, Santiago Herrero León, y una serie de altos cargos de la confederación y de Dolmen, como son Antonio Carrillo Alcalá, Juan Manuel Sanz Marín, Antonio González Lara, Alejandro Cotta de Torres, Antonio Ibáñez García, Juan Miguel Salas Tornero y Francisco Ramas Varo.

Las empresas denunciantes son Diego y Viva CB, Euroclima 2000, Aplicaciones Maqueda, Procoenro, Industrias Tello Pintado, Gescon Instalaciones y Remoan SLU, todas ellas responsables de ofrecer el servicio de suministro de climatización, albañilería, revestimientos o instalaciones de la promoción.

En la denuncia, estos empresarios aseguran que los denunciados, a los que piden que se les tenga por imputados, actuaron "de común acuerdo y con la única finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito, aprovechando el momento de auge inmobiliario, sobre todo en la construcción de VPO, y organizaron un plan para enriquecerse con la construcción de estas últimas, valiéndose para ello de un entramado societario en el que están implicados tanto la CEA como el grupo Dolmen Consulting".

Los empresarios denunciantes aseguran que les adeudan 591.643,69 euros, por lo que piden que se constituya fianza por ese importe "para garantizar las responsabilidades civiles derivadas el delito" y demandan que "si no se constituye fianza en el plazo establecido, se proceda al embargo de sus bienes". De hecho, ya existen algunas sentencias que condena a la patronal andaluza por impagos relacionados con trabajos realizados en esta obra. La CEA se ha defendido de las acusaciones de estafa alegando que la obra se retrasó por la quiebra de la constructora, Dolmen, y ha negado que exista el plan para el enriquecimiento ilícito que denuncian los subcontratistas.

Mientras el juzgado de Instrucción 3 investiga si existió o no la presunta estafa en el impago a los subcontratistas, más de 500 afectados siguen sin tener sus pisos. Unidos en la asociación Isbylia, nombre de la promoción, llevan cinco años denunciando las irregularidades detectadas en esta obra. "En estos años, se ha recurrido a todos los organismos públicos pertinentes para poner en conocimiento la situación de desamparo de los afectados, a través de multitud de escritos, reuniones y por medio también de protestas, como manifestaciones y acampadas", recordó ayer esta entidad.

De la construcción de 583 viviendas de VPO que comenzó en 2008, hay todavía más de 500 sin terminar ni entregar. En 2011, la fundación de la CEA recibió de la Junta de Andalucía una subvención de 1,7 millones de euros, justo en el momento en que iba a finalizar el plazo legal permitido para la finalización de la obra, según denunciaron ayer los afectados. Llama la atención que esta subvención no haya sido publicada en el BOJA hasta el 14 de noviembre de 2013, pese a que fue concedida dos años atrás, después de un retraso considerable en la ejecución de la promoción y debido a los impagos a los proveedores.

La demora en la construcción de los bloques ha llevado a muchos de los adjudicatarios a renunciar a sus viviendas. Todos ellos pagaron hace cinco años una media de 20.000 euros por vivienda, pero a ninguno se le ha devuelto el dinero, pese a que en el contrato figuraba un aval. Los afectados recuerdan que la aseguradora de la promoción, cuya sede está en Gibraltar, no ha satisfecho ninguna de las más de 200 reclamaciones pendientes a día de hoy.