Otras ubicaciones para la Ciudad de la Justicia

El delegado de Urbanismo, Maxiliano Vílchez, admitió ayer que la Gerencia no descarta que la futura Ciudad de la Justicia vaya en terrenos distintos a Los Gordales (ubicación decidida por la Junta) y el Prado de San Sebastián (propuesta por Zoido y aceptada por la gran mayoría de los operadores jurídicos). Vílchez explicó que se están barajando otras opciones, pero no precisó en ningún momento de cuáles se trataba. Esta revelación se produjo a preguntas del Grupo Socialista sobre este proyecto, que lleva más de una década en discusión y en el que han trabajado ya hasta seis consejeros distintos de Justicia sin que hasta ahora haya cristalizado nada. El alcalde propuso en la campaña electoral la creación de un Distrito Judicial en el Prado, lo que ha sido muy bien visto por jueces y abogados. Fuentes del gobierno aseguraron que la prioridad sigue siendo la ubicación del Prado, donde el proyecto de Zoido contempla una reforma integral del edificio que actualmente alberga la Audiencia Provincial, el derribo del inmueble que acoge los juzgados y el levantamiento de cinco nuevos edificios sobre los suelos de la construcción a demoler y otras cuatro fincas enclavadas en la zona.

Los socialistas reclamaban conocer la posición del gobierno municipal sobre la localización inicial en los suelos de Los Gordales y sus propuestas concretas en caso de no respaldar tal ubicación.

La pregunta oral del PSOE interrogaba textualmente al alcalde, Juan Ignacio Zoido, sobre si respalda el acuerdo de la junta de gobierno que ponía a disposición de la Consejería de Gobernación y Justicia una parcela del plan parcial de Los Gordales para la construcción de este equipamiento judicial. La pregunta demandaba información sobre "qué suelos concretos va a proponer" el gobierno local en caso de no respaldar esta ubicación, que precisamente es la primigenia.

Por otra parte, el Pleno aprobó gracias a los votos del PP y de IU-CA una moción promovida por el Grupo Popular que reclama a la Junta de Andalucía que "abone sin más dilación" el montante del expediente de regulación de empleo (ERE) acordado en 2007 por el mercado central de abastos hispalense, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros como principal losa financiera de esta empresa participada mayoritariamente por el Consistorio y Mercasa. El rechazo de la Consejería de Empleo a participar en la financiación de este ERE, como es sabido, mantiene en el aire las prejubilaciones de 40 extrabajadores de Mercasevilla.

El Pleno aprobó por unanimidad de todas sus fuerzas políticas una moción promovida por el Grupo Popular por vía de urgencia que reclama a la Junta "apoyo, mediante una declaración institucional", para la candidatura de la ciudad a albergar el encuentro final de la Copa Davis de tenis, que enfrentará a los combinados de España y Argentina el próximo mes de diciembre.