La UCO investiga una operación urbanística del Ayuntamiento de Sevilla en la época de Espadas

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil accedieron este miércoles a la sede de Emvisesa, la empresa municipal de la vivienda de Sevilla, para requisar documentación relacionada con presuntas irregularidades en operaciones urbanísticas realizadas en el año 2016, cuando Juan Espadas (PSOE) era alcalde de la ciudad.

El registro se realizó en cumplimiento de un oficio judicial emitido por el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, que investiga la enajenación mediante subasta pública de una parcela de uso terciario situada en Pino Montano Norte.

Según fuentes del Instituto Armado, la intervención fue "rápida" y se incautaron dos pendrives y varios expedientes administrativos vinculados con dicha operación urbanística. La parcela, propiedad del Ayuntamiento en aquel momento, fue adjudicada en régimen de arrendamiento por un canon anual de 108.000 euros (IVA excluido). Sin embargo, una denuncia sostiene que este importe estaba muy por debajo del valor real de mercado.

El expediente administrativo relacionado con este caso comenzó a tramitarse en el año 2014, en la época en la que era alcalde Juan Ignacio Zoido (PP), continuó en el periodo en que Antonio Muñoz (PSOE) era delegado de Urbanismo, antes de convertirse en alcalde, y finalizó ya con la venta del terreno por parte del gobierno local que ahora dirige José Luis Sanz (PP).

El “único” licitador que acudió al concurso y al que, por tanto, se le adjudicó fue una sociedad de Olga Pérez, mujer de Rafael Pineda, destacado militante del PSOE que fue hasta hace poco jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y que también ocupó otros cargos como gerente de la empresa pública de limpieza de Sevilla (Lipasam) y ex delegado de Medio Ambiente en el último mandato como alcalde de Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE).

Fuentes del caso han explicado que el contrato se desarrolló entre los años 2016 y 2024. En estos terrenos se instalaron desde entonces dos restaurantes de comida rápida (Burger King y KFC) y una gasolinera operada por Kuwait Petroleum España, que continúan operando en la actualidad bajo las condiciones fijadas en aquel contrato de 2016.

Un negocio jurídico "perfectamente legal"

Estas fuentes aseguran que se trató de un negocio jurídico “perfectamente legal”, en relación con esta licitación a la sociedad de la mujer de Rafael Pineda, si bien la investigación también alcanza otro proceso urbanístico relacionado con una permuta de suelos residenciales en la calle Ramón Carande, adjudicada por el consejo de administración de Emvisesa en esa misma etapa. En este caso, la empresa municipal entregó un solar valorado en siete millones a cambio de 63 viviendas terminadas, tres locales comerciales, una parcela edificable para 135 inmuebles y un ingreso adicional de 3,5 millones de euros en metálico.

La empresa adjudicataria de este proceso fue Inmobiliaria del Sur, que presentó una oferta global valorada en 11,3 millones de euros, aproximadamente un 50% más del importe de licitación inicial, según fuentes del caso. Este intercambio formaba parte de una estrategia de ampliación urgente del parque público de viviendas, que incluía la adquisición de viviendas vacías y la rehabilitación de edificios.