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Seis víctimas del falso fiscal denuncian que entregaron a la red un millón de euros

  • Tres de los perjudicados coinciden en señalar como supuesto cerebro a uno de los detenidos, que se hacía pasar por perito.

Seis víctimas de la red cuyos miembros se hacían pasar por fiscales y peritos para cometer estafas relacionadas con la venta de pisos embargados reconocieron este jueves ante la juez de Instrucción número 11 de Sevilla que entregaron a los estafadores más de un millón de euros.

Entre las personas víctimas de la organización -de la que fueron detenidas cinco personas, entre ellas un sobrino del mítico boxeador Urtain- se encuentran un ex diputado del PSOE, que aseguró a la juez que entregó 150.000 euros para adquirir un finca valorada en varios millones y que ocupaba una extensión de 600 hectáreas en la localidad onubense Hinojos.

En el juzgado comparecieron tres familiares del ex diputado que también cayeron en las redes de la organización. Junto a los 150.000 euros que pagó el político, otros cinco denunciantes ratificaron que pagaron cantidades que oscilan entre los 119.000 y los 240.000 euros, hasta completar 1.049.000 euros sólo entre estas personas, aunque el montante de la estafa es muy superior porque el número de afectados ronda la veintena. Entre las víctimas hay un industrial.

Tres de los denunciantes coincidieron en situar a Pedro G. C., que se presentaba como perito judicial, como el cerebro de la organización. Según los denunciantes, esta persona -que es uno de los tres que han ingresado en prisión provisional- era la que se encargaba "siempre" de los cobros y la que ejercía un papel principal en la captación de las víctimas, según confirmaron ayer fuentes del caso.

Para atraerlas, la organización las citaba en la sede judicial del edificio Viapol, donde entregaban un 30% del dinero y unos días más tarde daban el resto de la cantidad que previamente habían acordado "con el fiscal". El falso perito alardeaba de conseguir unos precios para la adquisición de los bienes embargados muy inferiores a su precio real, mediante un sistema previo a la subasta que la banda denominaba "designación judicial directa" y que les permitía ahorrar mucho dinero gracias a sus contactos directos con los encargados de los procedimientos, ya que entre sus amigos aseguraban que se encontraban los jueces y fiscales que debían resolver las subastas.

Otros miembros de la organización se hacían pasar por secretarios judiciales y falsificaban los documentos necesarios que daban fe pública. Entre los documentos falsificados se incluían los resguardos de los ingresos bancarios y si alguno de los compradores mostraba reparos morales por adquirir un inmueble que hubiera sido embargado a una familia, otro de los integrantes se hacía pasar por un empresario interesado en adquirir la finca para obligarasí al comprador a decidirse de inmediato.

Además de la operación de la finca de Hinojos, la red vendió una nave industrial en el polígono Pisa de Mairena por 230.000 euros, una casa en el Rocío -que vendieron en dos ocasiones distintas por 240.000 y 230.000 euros-, un piso en La Antilla, dos casas en la localidad onubense de Manzanilla y un piso en Punta Umbría.

La Policía tuvo conocimiento de la estafa en enero y montó un dispositivo en el que fueron intervenidos tres vehículos de alta gama, varios ordenadores y abundante documentación que aún se analiza.

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