El pacto de gobernabilidad penaliza con 30 millones de euros la venta separada de acciones

El panorama accionarial del Sevilla puede cambiar sustancialmente a medio plazo. Las grandes familias de accionistas están recibiendo tanteos de oferta que no han fructificado en ningún acuerdo. Hay muchos grandes accionistas que desean que haya un acuerdo lo más pronto posible, ante la situación de tensión insoportable a la que están sometidos. Pero la expectativa de que este mismo verano se produza el desembarco del nuevo propietario, con Antonio Lappí como principal candidato, está muy alejada de la realidad.

Y lo está porque en la compraventa de acciones tiene un tremendo peso el pacto de gobernabilidad que mantiene en la dirección del club a José María del Nido Carrasco y Sevillistas de Nervión, con José Castro como vicepresidente primero en representación de sus acciones, las de Carolina Alés y las de Francisco Guijarro. Ese acuerdo parasocial fue firmado en noviembre de 2019 por la familia Del Nido y Sevillistas de Nervión y es papel mojado para José María del Nido Benavente, pero el llamado pacto por la pasta existe.

Está judicializado, ambas partes denunciaron el incumplimiento de la otra. Pero sus cláusulas tienen vigencia plena mientras ningún juez dicte sentencia firme que lo anule. Y esas cláusulas son costosísimas para el que venda sus acciones por separado, sin respetar los derechos de acompañamiento, de tanteo o de arrastre fijados en el contrato. Debe haber venta conjunta so pena de gravosísima indemnización.

Concretamente, según desveló en la red social X un tuitero que se hace llamar NODO SFC 1890, la cláusula 23 de dicho contrato, del que aporta copias, habla de las indemnizaciones millonarias por incumplimiento de sus distintas clásulas. En particular, de 5 millones de euros por cada incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la gobernabilidad del club... Y de 30 millones de euros por cada incumplimiento relacionado con los derechos de tanteo y arrastre, que obligan a las partes a una venta conjunta a partir de 2021 si llegara una oferta sustanciosa.

El derecho de arraste, de hecho, está fijado siempre y cuando la oferta sea como mínimo de 4.000 euros por acción. Un precio elevadísimo que está lejísimos de los primeros tanteos que han realizado los compradores.

Es conocida por el sevillismo la figura de Antonio Lappí como uno de éstos. No es el único. Pero el pacto está vigente hasta 2027 y hasta entonces parece inviable cualquier compra por el peso de este pacto aun estando sub iudice.