La investigación que se vaya a llevar a cabo entorno a Fernando Simón erá para averiguar si ha cometido un delito de prevaricación en la gestión de la pandemia del coronavirus. El caso lo va a llegar el Juzgado de Instrucción 13 de Madrid que ha acordado la apertura de diligencias contra Simón.

Así lo acuerda en un auto a raíz de la querella presentada por la asociación Abogados Cristianos contra Fernando Simón y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, los ministros Irene Montero, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska y contra los exvicepresidentes del Ejecutivo Carmen Calvo y Pablo Iglesias y los exministros José Luis Ábalos y Salvador Illa.

Pero el juez abre solo diligencias respecto a Fernando Simón porque "la situación procesal de las personas aforadas en el momento en que se presentó la querella en el Supremo ya fue resuelta por dicho Tribunal".

Lo que hizo el Supremo fue rechazar las 20 querellas y 30 denuncias, pero las remitió a los juzgados ordinarios para que investiguen principalmente las muertes de ancianos en residencias, la omisión de medidas de seguridad para sanitarios o policías y una posible malversación de fondos públicos en la contratación de material fallido para combatir el virus.

Ahora, el juez ha recibido una querella de Abogados Cristianos y ha dado traslado de la misma al Ministerio Público para que informe sobre de la competencia del órgano judicial y sobre eventual naturaleza penal de los hechos que se relatan en la querella. La Fiscalía del Supremo ya se opuso a investigarlas.

De momento, no existe "resolución judicial que disponga la admisión o inadmisión a trámite de la misma", han indicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Se trata de la misma situación ocurrida recientemente con el exministro Salvador Illa, contra quien se querelló el sindicato CESM por la distribución de mascarillas no homologadas. En ese caso el juez abrió diligencias, pero lo remitió a Cataluña al constatar que Illa es aforado ante el TSJ de esa comunidad por ser diputado en el Parlament.

Los diferentes juzgados irán recibiendo sucesivamente las querellas presentadas ante el Supremo y realizarán el mismo trámite: abrir diligencias y dar traslado al fiscal para que informe sobre la competencia y sobre la naturaleza penal de los hechos antes de decidir si investigan o no.

La organización querellante en este caso culpa al Ejecutivo central, entre otras cosas, de no tomar medidas pese a estar informado de la letalidad del virus.