Así te cobran los números 902 que el Gobierno quiere prohibir

Es cierto que llevamos muchos años teniendo, la mayoría, una tarifa plana. Sin embargo, existen números (que no son los fijos ni los móviles) que están fuera de la misma y, por lo tanto, los tenemos que pagar aparte. Algunos de ellos, como los 902, son especialmente peligrosos para nuestra factura.

La percepción de estos números es que son caros, pero muy pocas personas saben que si marcamos un 902, quien llama paga el coste íntegro de la llamada, y eso que es la numeración habitual en los servicios de atención al cliente aunque, eso sí, las compañías de, por ejemplo, gas o luz se encuentran obligadas a ofrecer un número gratuito a sus usuarios.

Coste por llamar a un 902

En el caso que llamemo desde un fijo, el coste es similar al de una llamada interprovincial. ¿Cuál es el problema? Si marcamos desde un móvil, debido a que estas llamadas no se encuentran incluidas en las tarifas planas y suelen durar bastante, nos ponen en espera, le tenemos que explicar la queja al operador de turno, puede que nos derive con otro departamento, etc. Un periplo que, encima, tiene que pagar el cliente.

El precio de una llamada de cinco minutos desde un fijo es de 0,56 euros; sin embargo, desde un móvil asciende a 2,82 euros.

En realidad, ni los 902 ni tampoco los 901 (de la Administración pública) fueron diseñados para que las enseñas sacaran beneficios con esas llamadas. ¿Por qué entonces promocionan estos números? Porque las compañías telefónicas incentivan a las empresas para que los usen (y los márgenes que consiguen son bastante elevados).

Justicia social

Así las cosas, la intención del Ministerio de Consumo es erradicar los teléfonos de tarificación adicional que supongan un coste adicional para el consumidor, como los 902, y prepara una modificación de la ley con el fin de prohibir su uso por parte de los servicios de atención teléfonica de las empresas.

Desde Consumo argumentan que este servicio "no puede ser un coste para los consumidores y un negocio para unas pocas empresas" y consideran que ofrecer una solución es cuestión de "justicia social". Esta situación ha empeorado durante la crisis sanitaria del coronavirus debido a las "restricciones de aforo, movilidad y presencialidad", explican desde el ministerio.

Según el titular de Consumo, Alberto Garzón, "hasta ahora existen discrepancias sobre la interpretación del concepto de tarifa básica y muchas empresas lo aprovechan para poner números que suponen un coste para quienes llaman". Y es que, desde su ministerio, consideran que es un derecho del consumidor el poder comunicarse sin tener que pagar un recargo superior al de una tarifa básica.

En el momento que la reforma de la norma entre en vigor (concretamente el artículo 21.2 de la LGDCU), los usuarios tendrán a su disposición un número geográfico de tarifa básica que le permitirá llamar a las empresas aunque no sean clientes de ellas en ese momento.