Una denuncia por malos tratos acaba con el descubrimiento de un esqueleto en la casa del acusado

El 19 de octubre de 2022 una mujer denunciaba a su pareja por un presunto caso de violencia de género en un puesto de la Guardia Civil de Arona, en Tenerife. Ésta, en su declaración, señalaba además que su supuesto maltratador poseía varios restos óseos en su domicilio que habían sido sustraídos de una tumba en el cementerio de San Sebastián de la Gomera y que conformaban parte de lo que aparentaba ser un esqueleto.

Ante la noticia los agentes de la Guardia Civil consideraron detener al sospechoso, hecho que se produjo un día más tarde, y acompañarlo a su domicilio para poder llevar a cabo un registro del inmueble. Fue ahí cuando se encontraron con un cráneo, dos fémures, dos mesetas tibiales, dos húmeros, un cúbito, dos trozos proximales de tibia y un trozo de posible metatarso. Todos ellos dentro del cuarto de la lavadora del sospechoso, que es santero de una religión en la que los huesos integran la prenda cristiana de dicho sincretismo religioso.

Agentes de la Policía Judicial, órgano competente en la investigación, se personaron en el cementerio del que en teoría habían sido sustraídos los restos acompañados de la mujer que había puesto la denuncia. Ésta señaló una tumba advirtiendo que había visto a su pareja manipularla e introducir algo en su mochila posteriormente.

Los investigadores decidieron entonces contactar con la hija de la persona enterrada en dicho espacio, quien corroboró que durante el verano había detectado que “se encontraba dañada, encontrándose semiabierta y caída la lápida”.

Confrontación de derechos fundamentales

De tratarse de una profanación de restos óseos extraídos de dicha tumba, la autoridad judicial consideraría que se está incurriendo en un delito contra el respeto a los difuntos y penado en el artículo 526 del Código Penal por el que el investigado podría ser procesado. Sin embargo, esta circunstancia confronta el derecho fundamental a la libertad ideológica del acusado, en este caso en su modalidad religiosa, con el derecho al honor, la intimidad y la imagen del fallecido. Si bien al tratarse de una persona muerta no se pueden tutelar ciertos derechos que por el hecho del propio deceso se han extinguido, sí se puede acudir a lo que la doctrina jurídica denomina la protección de la personalidad pretérita, de modo que exista una tutela post mortem de ciertos derechos del difunto en aras al respeto hacia la persona fallecida, como son su nombre, su reputación, su estimación social, etc.

En este contexto, el juez instructor considera oportuno que se exhumen los restos de la tumba para esclarecer lo sucedido. el médico forense adscrito al juzgado, en presencia de la letrada de la Administración de Justicia titular del juzgado, tomará muestras de los restos óseos hallados en el interior de la tumba en la que supuestamente se llevó a cabo la profanación para compararlas con los perfiles genéticos de los restos óseos hallados en el domicilio del investigado.

Tras prestar declaración en sede judicial, el presunto autor de los hechos se encuentra actualmente en libertad provisional y sin fianza con cargos por supuesto delito contra el respeto a los difuntos.