La sección de menores de la Fiscalía Provincial de Badajoz está investigando, actualmente, a 26 menores por su posible implicación en el caso de los falsos desnudos de niñas de Almendralejo que fueron creados con una aplicación de Inteligencia Artificial. Desde que se abrieron las diligencias por los hechos la Policía ha localizado a 30 niñas, todas menores de edad, víctimas de dicha manipulación.

Los investigadores están centrando sus esfuerzos en este momento en averiguar qué grado de implicación tiene cada uno de los investigados. De esta forma se podrá confirmar qué delito han cometido por separado ya que no tiene la misma pena la manipulación de las imágenes que su difusión.

A la mayoría, además, se les podrá exigir responsabilidades penales dentro de lo que regula la ley del menor, pues de los 26 solo cinco de ellos serían inimputables al tener menos de 14 años.

Con estos últimos la Fiscalía va a tener que archivar la causa ya que la Ley del Menor recoge que no tienen capacidad suficiente como para poder pedirles una depuración de responsabilidad penal. Lo que si puede suceder es que se estudien sus perfiles por si los hechos delictivos cometidos pudieran ser consecuencia de su situación familiar o social. En tal caso tendrían que actuar los Servicios Sociales de la comunidad.

Para el resto de chicos (21) se deberá estudiar qué tipo de delito han cometido y qué responsabilidades tendrán que cumplir ya que tienen edades comprendidas entre los 14 y los 17 años. Esto significa que no tendrán penas como si fueran adultos pero sí es posible que tengan que hacer trabajos en beneficio de la comunidad, terapias ocupacionales, seguimiento de cursos o, en los casos más graves, hasta ocho años de internamiento en centros de menores con medidas judiciales.

Para continuar con la investigación los agentes tendrán que tomar declaración a estos 26 jóvenes así como revisar sus teléfonos móviles. Además se solicitarán informes psicológicos, educacionales y de los colegios a los que acuden estos menores.  

Francisco Javier Montero, fiscal superior de Extremadura, ha explicado en una entrevista realizada a Caso Abierto que la intención con todo esto no es señalar y castigar a los responsables sino “comprobar por qué ha ocurrido, en qué circunstancias y cuál es el déficit en la personalidad de los menores para que justifique la ocurrencia de estos hechos”.

Así ha detallado que “lo que se persigue es no perjudicarles en su evolución integral porque ingresar en un centro de menores en ocasiones puede ser necesario e incluso beneficioso pero en otras puede ser contraproducente, por lo tanto comprobar por qué han ocurrido los hechos es importante para que la medida que se adopte no sea represora sino más bien protectora y de prevención para el futuro". 

Además de la penal también se les podrá exigir responsabilidad en el ámbito civil, por los daños y perjuicios ocasionados. En este caso serán los padres o tutores los que respondan de forma subsidiaria ya que ellos, al ser menores, no tienen capacidad jurídica. 

Paralelamente también ha abierto una investigación de oficio la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que podrá imponer sanciones administrativas a los presuntos autores que oscilan entre los 5.000 y los 10.000 euros, máximo fijado por este organismo para multas de particulares.