Violencia machista

Los huérfanos por violencia contra la mujer cobrarán una pensión de unos 600 euros

  • El BOE publica la ley aprobada por las Cortes que mejora estas ayudas y que tiene carácter retroactivo desde 2004, año en el que se aprobó la ley integral contra la violencia de género.

Manifestación contra la violencia machista. Manifestación contra la violencia machista.

Manifestación contra la violencia machista. / Marina Guillén, EFE

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Todos los hijos de víctimas de violencia machista y de madres asesinadas por cualquier otro tipo de violencia contra la mujer tendrán derecho a partir de este domingo a una pensión de orfandad de alrededor de 600 euros, frente a los 140 establecidos hasta ahora.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la ley a la que dio luz verde el pasado 21 de febrero el Pleno del Congreso de los Diputados -tras pasar por el Senado- que mejora estas ayudas y que tiene carácter retroactivo desde 2004, año en el que se aprobó la ley integral contra la violencia de género.

En concreto, la norma de mejora de la situación de orfandad de los hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer prevé unas mejoras que supondrán una prestación mínima de unos 600 euros para los hijos de víctimas que no hubieran cotizado o no cumplieran los requisitos mínimos (500 días en los últimos 5 años).

Para los huérfanos que sí las perciben, se les aumenta del 52 al 70% el cálculo de la base reguladora de las madres -y al 118% si hay más de un beneficiario-, con lo que se asegura que reciban ese mínimo de 600 euros al mes.

Tendrán derecho a las pensiones los hijos de las víctimas que en el momento de la muerte sean menores de 21 años o estén incapacitados para el trabajo, aunque se podrán mantener hasta los 25 años cuando estén estudiando o no tengan recursos.

Otros casos de orfandad

El texto no contempla la concesión de estas ayudas a otros huérfanos absolutos -cuando el menor se queda sin padre y madre- por cualquier otra circunstancia.

No obstante, se incluye que el Gobierno realice en el plazo máximo de tres meses de la ley un estudio para analizar otros casos de orfandad absoluta, como en accidentes de tráfico, para que reciban prestaciones de idénticas cantidades.

Esta disposición adicional se paraliza "al convocar elecciones", según advirtió la diputada del PP Mar Cotelo durante el debate previo a la votación final del texto.

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