Los seis mossos acusados de matar a Juan Andrés Benítez en una reducción policial han aceptado una pena de dos años de cárcel, que les libra de entrar en prisión, tras un acuerdo in extremis con la acusación popular, que ha impuesto como condición que se les prohíba patrullar durante cinco años. En una sentencia de conformidad, la Audiencia de Barcelona ha condenado in voce a los seis procesados por un delito de homicidio imprudente y otro contra la integridad moral, lo que les ha ahorrado exponerse al veredicto del jurado popular que debía juzgar el homicidio de Benítez, ocurrido el 5 de octubre de 2013 en el barrio barcelonés del Raval.

El pacto ha llegado a buen puerto porque la acusación popular ejercida por la Asociación Catalana en Defensa de los Derechos Humanos (ACDH), única parte que se oponía a un acuerdo que librara de prisión a los mossos, ha aceptado finalmente la sentencia a cambio de que se prohíba a los agentes acercarse al barrio del Raval y ejercer funciones de patrullaje durante los cinco años posteriores a la condena de cárcel. La decisión de avenirse a pactar de la ACDH, que justifica su cambio de parecer en las dudas que la propia Fiscalía sembró sobre el desenlace del caso, ha indignado a los impulsores de la campaña Justicia para Juan Andrés, quienes se encargaron de recoger fondos para el caso y este lunes, en un comunicado, han afeado a la acusación popular que actúe "unilateralmente" sin lograr una sentencia justa.

El acuerdo, que no puede ser recurrido, prevé el pago de una indemnización de 150.000 euros a la familia de la víctima -suma que abonarán las aseguradoras de la Generalitat-, así como la suspensión de empleo y sueldo de los seis mossos condenados por homicidio imprudente por un plazo de dos años. Tras ese período, los agentes tendrán prohibido desempeñar labores de patrullaje y acercarse a menos de 1.000 metros de la calle Aurora en que ocurrieron los hechos, una medida que la acusación popular -que inicialmente exigía para pactar que los agentes fueran expulsados del cuerpo- cree que supone su "destierro" del barrio barcelonés del Raval.

Además de los seis mossos condenados por homicidio, otros dos agentes han aceptado penas de tres meses de cárcel y suspensión de empleo y sueldo por obstrucción a la justicia, dado que encubrieron la actuación de sus compañeros propiciando la eliminación de las pruebas que los incriminaban. La Audiencia de Barcelona ha acordado suspender el ingreso en prisión de los procesados -otra de las condiciones que incluía el pacto-, siempre que no vuelvan a delinquir por un período de tres años y que acepten seguir un curso sobre derechos humanos. Asimismo, en el marco de otro de los extremos del acuerdo, el abogado de la Generalitat Josep Lluís Florensa -defensa de algunos de los acusados- se ha comprometido ante la Audiencia a que el Departamento de Interior "revisará" los protocolos para la reducción de detenidos.

En el escrito de conformidad que han aceptado ante la Audiencia, los agentes reconocen que durante la reducción propinaron patadas, puñetazos y golpes de rodilla a la víctima, en una actuación "excesiva, desproporcionada, tanto en la duración temporal, que pudo ser superior a los 12 minutos, el número de mossos intervinientes, hasta ocho (...), como en la fuerza física ejercida". Los acusados han asumido que no pararon pese a que los "gritos y lamentos" proferidos por la víctima y su agitada respiración "podrían alertar a cualquier persona del estado de estrés en que esta se encontraba", e incluso prolongaron la reducción cuando Benítez "había dejado de gemir".

El pacto se ha formalizado entre escenas de tensión y gritos de protesta de miembros de la campaña Justicia para Juan Andrés por el papel de la acusación popular, a la que ha representado el abogado Alex Solà, mientras la letrada Laia Serra, que la ha dirigido hasta ahora, seguía la sesión entre el público. En una negociación que se ha apurado hasta instantes antes de iniciarse el juicio, la acusación popular ha podido condicionar el pacto gracias a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha desestimado el recurso de las defensas para expulsarla del caso. Las defensas habían pedido al TSJC que apartara a la acusación popular dado que, hasta ahora, era el único escollo que impedía un acuerdo que librara de prisión a los agentes, pacto que finalmente ha salido adelante con los añadidos de última hora.