La Iglesia católica española creará una comisión de 10 expertos que elaborará una nueva normativa para la prevención y protección de los abusos sexuales a menores dentro de esta institución y revisará sus protocolos de actuación ante estos casos, según informó ayer la Conferencia Episcopal (CEE). Esta nueva normativa sustituirá a los protocolos de actuación elaborados en 2010 conforme a la legislación del Estado y al ordenamiento canónico que orientan a obispos, sacerdotes, religiosos e instituciones eclesiásticas sobre cómo proceder en caso de detectar agresiones o abusos sexuales a menores o posesión de pornografía infantil, entre otros supuestos.

Para actualizar estos protocolos, el Comité Ejecutivo de la CEE aprobó la creación de una comisión que servirá para preparar los materiales de trabajo que presentará el presidente Ricardo Blázquez en la reunión convocada en febrero por el Papa con los presidentes de todas las conferencias episcopales para tratar los casos de abusos. La Comisión estará presidida por el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez Fernández, que comenzará sus trabajos esta misma semana y tendrá, en primera instancia, un cariz fundamentalmente jurídico. Menéndez instruyó el caso de abusos sexuales prescrito de La Bañeza (León) que silenció a la opinión pública.

La comisión estará compuesta por juristas de la Junta de la Episcopal de Asuntos Jurídicos, del Servicio Jurídico Civil, del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica, del Servicio Jurídico de CONFER y de la vicesecretaría para Asuntos Generales. Este grupo tiene también el objetivo de actualizar los protocolos de actuación de la Iglesia española que sirven para tratar los casos de abusos a menores desde el punto de vista jurídico y canónico.

Posteriormente, redactará una nueva normativa para la prevención y protección de abusos sexuales a menores. Ésta, que sustituirá a los protocolos actuales, se adecuará al Modelo de Directivas redactado por la Comisión Pontificia para la Protección de Menores con fin de ayudar a las conferencias episcopales y a las congregaciones religiosas a desarrollar e implementar políticas y procedimientos para la protección de menores y adultos vulnerables contra el abuso sexual, responder a los abusos en la Iglesia y demostrar integridad en este trabajo.

La Iglesia española cuenta desde 2010 con dos protocolos de actuación, conforme a la legislación del Estado y al ordenamiento canónico que sirve a los obispos, sacerdotes, religiosos e instituciones eclesiásticas para saber cómo actuar en caso de agresiones o abusos sexuales a menores.