Pinchazos en discotecas: dos años más de cárcel por el uso de sumisión química

Los agresores que utilicen la denominada sumisión química sobre sus víctimas, sufrirán un nuevo cambio en la ley a partir de septiembre. Aquellos delincuentes que usen este método para facilitar la agresión sexual y doblegar la voluntad de sus víctimas cumplirán entre 2 y 3 años más de cárcel.

A finales de septiembre entra en vigor la nueva ley de libertad sexual, conocida como `Solo si es si´. Esta ley crea un agravante especifico que castiga a quienes utilicen una sustancia para asegurar los delitos de carácter sexual, además de tener en la mayoría de los casos el objetivo secundario de ocultar su identidad o de nublar en la mente de la víctima el recuerdo de la agresión.

La aplicación legal de este agravante va a suponer que una agresión se pagará con un mínimo de seis años de prisión y con no menos de 7 a 12 años si es violación. Se considerará agresión cualquier acto contra la libertad sexual que no cuente con un consentimiento claro, y por violación un asalto con penetración. Por otro lado, si se diese un segundo agravante, como un ataque en manada la suma de ambos pluses subirá la pena por agresión a 7 años y el tiempo que pasaría encarcelado un violador a entre 9 y 15 años.

Otros cambios, además de la condena adicional por sumisión química

Sin embargo, la condena adicional no es el único cambio que supone la aplicación de la ley `solo si es si´. Para luchar contra la sumisión química esta ley incorpora mejoras para elevar la eficacia en la investigación y aumentar las condenas, además de establecer un sistema de acompañamiento de la víctima desde el primer momento.

Esta ley obliga a que los policías, jueces y fiscales que vayan a intervenir en estas denuncias reciban una formación específica en violencia sexual, además de establecer protocolos detallados y coordinados para los exámenes forenses y la recogida de pruebas que se tendrá que realizar con una toma de muestras y prácticas de exámenes en un solo acto.

Por último, la norma crea los centros de crisis, de los que habrá al menos uno por provincia. Durante las 24 horas del día, los 365 días del año, con el objetivo de ofrecer atención y acompañamiento urgente a las víctima, asistencia médica y asesoramiento jurídico, así como acceso a las ayudas psicológicas, sociales, económicas, laborales y habitaciones que puedan precisar, para asegurar su derecho a la reparación.