La sentencia que obliga a un colegio a retirar los crucifijos desata la polémica

La presencia de crucifijos en las escuelas públicas ha desatado la polémica en España, después de que un juez ordenase por primera vez la retirada de los símbolos religiosos de las aulas y los espacios comunes en un centro educativo de Valladolid.

El pasado sábado se conoció la sentencia en la que un juez obliga al colegio público Macías Picavea a retirar los símbolos religiosos, tras la demanda de un grupo de padres.

"La presencia de estos símbolos en las zonas comunes, en las que reciben educación menores de edad en plena fase de formación de su voluntad e intelecto, puede provocar en estos el sentimiento de que el estado está más cercano a la confesión con la que guardan relación los símbolos presentes que a otras confesiones", indica la sentencia, que apela además a la aconfesionalidad del Estado.

La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, apostó ayer por respetar la "autonomía" de cada centro para decidir sobre la presencia o retirada de los símbolos religiosos de los colegios públicos, puesto que "son los que mejor conocen qué tipo de alumnos tienen y qué piensan los padres".

La titular de Educación señaló que la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid es "muy clara" y que "no es novedad", al recordar que ya existe una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el mismo sentido.

Así, indicó que "lo más valorable" de la sentencia del tribunal vallisoletano es que, como la propia Constitución, respalda "el carácter aconfesional del Estado", "y, por lo tanto -agregó-, el derecho de los padres o consejos escolares a solicitar que se retiren de las aulas o espacios públicos símbolos que pueden responder a las creencias de algunos, pero no de todos los alumnos".

Ante estas palabras, el propio presidente autonómico de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, sostuvo que, a su juicio, la permanencia de crucifijos y símbolos religiosos en centros escolares "no es elemento de agresión ni vulneración de derechos y libertades", al menor, a su juicio, no hoy en día. De esta manera mostraba su "malestar" por la decisión del magistrado vallisoletano y puso como ejemplo la contradicción de este hecho con otros actos institucionales.

En ese sentido, recordó la presencia de un crucifijo en el último acto de juramento del cargo de ministros del Gobierno de España. Al respecto, afirmó que "a nadie se le ocurrió que su presencia deslegitimara a un Gobierno democrático, laico, de la España del siglo XXI, y nadie, le hubiera votado o no, se sintió agredido".

Juan Vicente Herrera aseguró, además, que la Administración regional está estudiando la sentencia para decidir si la recurre o no. Mientras que la Asociación Cultural Escuela Laica, promotora de la sentencia que ha obligado a descolgar los crucifijos en el citado colegio vallisoletano, pedirá a la Junta de Castilla y León que ordene la retirada inmediata de las aulas de cualquier tipo de símbolo con mensaje religioso e ideológico.

El presidente de esta asociación, Fernando Pastor, comparó la presencia de crucifijos en una escuela a la de "un cartel del PP o del PSOE, da igual una que otra tendencia política, o de una cruz gamada".

Tampoco pudo eludir la polémica sobre este tema la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien expresó el respeto de su formación por la sentencia pero afirmó que los crucifijos no "molestan" ni al PP ni a "la inmensa mayoría de los españoles". De Cospedal puntualizó que aunque somos un estado aconfesional, la Constitución española "reconoce un papel especial a la Iglesia católica", que es "la confesión mayoritaria de los españoles".

Pensamientos similares tuvo el cardenal arzobispo de Sevilla, monseñor Carlos Amigo, quien consideró que hoy en día el crucifijo es un signo muy arraigado en nuestra cultura por lo que, su erradicación "no favorece la convivencia" que se construye con el "respeto a las personas y no simplemente tirando por la borda la riqueza cultural de un país".

Carlos Amigo expresó su convencimiento de que "las medidas drásticas no educan a las personas" y agregó que "lo importante no es tirar por la borda" los símbolos religiosos sino "ayudar a respetarlos a todos", sean católicos o de cualquier otra confesión religiosa.

También las asociaciones de padres se mostraron divididas. La Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) se mostró en contra de la presencia de cualquier símbolo religioso, mientras que la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) calificó la decisión judicial de "política de ataque rabiosamente laicista contra los símbolos religiosos".

Finalmente, el sindicato de la enseñanza STES insistió ayer en que la simbología religiosa debe desaparecer de todos los centros educativos públicos y también de los privados que reciben dinero público para su funcionamiento.