Mar de fondo para la recuperación pesquera

Lejos de ser el año de la recuperación, éste puede calificarse como el año de la frustración para la actividad pesquera en nuestro país. A la dureza de la Covid-19, con todos sus efectos sobre empresas y hombres y mujeres de la mar, se han sumado los frentes abiertos en el Mediterráneo, avivados por el reglamento de demersales; el Pacto Verde Europeo y la estrategia de biodiversidad; la falta de coherencia en las políticas pesquera y comercial de la UE; la obsesión por crear de forma arbitraria áreas marinas protegidas; las posiciones de la Comisión Europea en contra de los intereses de las Organizaciones Regionales de Pesca; el Reglamento comunitario de control pesquero, o la falta de contundencia de la Comisión Europea ante acciones unilaterales por parte de terceros países como Noruega. Todo ello sólo fomenta el euroescepticismo entre los hombres y mujeres de la pesca que necesitan, como toda la sociedad, empezar a ver la luz en el horizonte.

Huelga reconocer los esfuerzos y sacrificios realizados en los últimos años por los pescadores españoles para adaptarnos a las diferentes políticas en España, en la UE y en el ámbito internacional. El trabajo acometido durante los últimos 10 años a favor de una actividad sostenible, tanto desde el punto de vista medioambiental, como social y económico. De poco sirve el reconocimiento a estos esfuerzos desde los estamentos políticos, si nos sentimos atacados por todas partes y ante las múltiples amenazas que se vislumbran.

Para hacerles frente resulta perentorio incrementar el peso político de la pesca en España y en la Unión Europea. En el caso de España, dando a conocer desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a otros ministerios del Ejecutivo la importancia de la pesca como líder en la UE, y resaltando los esfuerzos realizados en los últimos años para ser cada vez más responsables y sostenibles. Esta labor podría evitar situaciones como las generadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) con la comercialización del marrajo dientuso o por el Ministerio de Sanidad con el plan especial de vacunación de los trabajadores del mar. Por su parte, y en el caso de la UE, desde el sector consideramos muy conveniente incrementar la presencia de españoles en puestos clave en la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca, la DG Mare, y ganar peso en los gabinetes de los comisarios de la Comisión Europea.

Otro aspecto fundamental pendiente e imprescindible para el futuro de nuestra actividad radica en garantizar la seguridad jurídica, tanto de las empresas como de los trabajadores del sector pesquero. Y tenemos una oportunidad de oro en el anteproyecto de la nueva Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, actualmente abierto a consulta pública. En este sentido, hemos manifestado al ministro Planas la necesidad de asegurar que los repartos de posibilidades de pesca realizados conforme a la ley actual sigan siendo plenamente vigentes y que los nuevos criterios se aplicarán a los nuevos repartos. Así mismo, le hemos transmitido que el 10% de reserva de posibilidades de pesca que pretende asumir la administración es excesivo y que solo provocaría disfunciones en la gestión de las posibilidades de pesca por parte de las empresas.

También hemos puesto sobre la mesa la situación que ha creado la aplicación de la Orden Ministerial que desarrolla el Reglamento comunitario para la pesca de arrastre en el Mediterráneo occidental. Las medidas ya aplicadas (reducción de días de pesca en torno al 29%, paralizaciones temporales de la flota de dos meses, vedas espacio temporales para la protección de juveniles y otras medidas técnicas) han puesto en peligro la actividad de 586 embarcaciones y 17.000 puestos de trabajo, entre empleos directos (3.000) e indirectos (14.700) y los pescadores del Mediterráneo están al límite.

En este sentido, confiamos en que la petición del ministro español Luis Planas al comisario europeo de Medioambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, prospere y marque una pausa que les permita reflexionar sobre la situación y analizar científicamente, y en profundidad, los efectos de las medidas ya aplicadas por la flota española para revertir la situación del litoral mediterráneo.

Igualmente, resulta prioritario para el sector la defensa de las medidas previstas en el nuevo Fondo Europeo Marítimo, Pesquero y Acuícola (FEMPA) y que se elimine cualquier referencia o recorte a las exenciones fiscales al gasóleo marino, en las negociaciones sobre los subsidios pesqueros en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Para los armadores, el gasóleo supone hasta un 40% de los gastos operativos

Otro eslabón de la cadena exige el repaso a los acuerdos de pesca con terceros países. Por un lado, la importancia y urgencia de cerrar la negociación con Mauritania para evitar la salida de los buques españoles de sus aguas a partir del 15 de noviembre, fecha en la que vence el acuerdo actual. Por otro, conseguir que España y la Unión Europea respondan contundentemente a Noruega ante sus decisiones unilaterales de apropiación indebida de cuotas de caballa o bacalao.

Y en ese marco internacional, necesitamos también contar con el apoyo de nuestro Gobierno para evitar que salga adelante la iniciativa del Ejecutivo argentino de crear un área marina protegida en la zona de alta mar adyacente a su zona económica exclusiva, el llamado “Agujero Azul”, que va en contra del derecho internacional del mar y que pondría en la cuerda floja a la flota gallega que pesca en el Atlántico Sudoccidental. Parte de la solución pasa por crear una organización regional de pesca en la zona.

Podría seguir detallando problemas y capítulos pendientes que estrangulan los avances del sector pesquero: los volanteros, el reparto de cuotas, los efectos post Brexit, la escasez de titulados y tripulantes españoles a bordo de buques pesqueros. Baste decir que estamos al límite en muchos terrenos y el cansancio de esta lucha sin fin contra decisiones políticas, más que contra los elementos, supone un desgaste humano y merma las fuerzas de un sector del que viven las familias de 30.000 trabajadores y que proporciona un alimento saludable, sostenible y considerado esencial para una población mundial en crecimiento.