Dentro del panorama grisáceo más allá del toreo, se encuentra la prohibición de los toros en Cataluña, donde han sido parte esencial de su historia.

Como hemos explicado en varios artículos, esa prohibición del Gobierno catalán se debe a un tema identitario en el que los secesionistas identifican los toros con España. De hecho, la mayoría de políticos y antitaurinos que trabajaron para esa prohibición hablaban de que su objetivo era la protección de los animales, una auténtica falacia secesionista, puesto que un par de años después de la abolición votaron el blindaje a los correbous y bous envonlant -festejos populares del toro en la calle- debido a que esos políticos tienen su granero de votos en la Cataluña de las Tierras del Ebro, donde se celebran masivamente.

Pues bien, tras un recurso elevado por el PP hace más de un lustro, el Tribunal Constitucional (TC) sentenció el pasado octubre que Cataluña tiene competencia en materia de espectáculos públicos y por tanto los puede regular, al igual que sucede en cuanto a la protección de animales, pero no debe prohibir una Fiesta que es Patrimonio Cultural Inmaterial por decisión del Gobierno central.

En este sentido, las competencias catalanas invaden las estatales y en ese punto cuenta también otro elemento clave: las leyes dictadas por el Ejecutivo central (2013 y 2015), por más que sean posteriores a la norma catalana. Pero la lectura completa de la sentencia es ambigua, según el profesor del Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla, Luis Hurtado, quien ha explicado, entre otras cosas, que si las comunidades autónomas pueden regular el desarrollo de "toros", podrían establecer medidas "especiales", llegando incluso a modificar o excluir los tercios, incluido banderillas con ventosas en lugar de arpón; hasta acabar con los toros, sin necesidad de prohibirlos.

Asimismo será complicado volver a asistir a las corridas de toros en Cataluña por el desacato del gobierno catalán a la Carta Magna y también por la vinculación de la empresa Balañá, propiedad de la monumental de Barcelona, con los dirigentes de esa comunidad. La familia Balañá posee un emporio de cines y teatros en Barcelona, con locales tan emblemáticos como el Aribau Cinema o los teatros Coliseum y Tívoli.

Podría arrendar la Monumental a empresas taurinas, como ya hizo anteriormente a Manuel Martín y a Antonio Matilla; aunque eso supondría un enfrentamiento con el gobierno regional de órdago, con el probable hostigamiento a sus empresas. De hecho, de los diez millones de euros que pidió Balañá al gobierno catalán por el cierre, la Generalitat le compensó con 329.699 euros.

El empresariado, junto al resto de profesionales, tiene ante sí un reto enorme y apasionante por el que debe luchar y cuyo objetivo es volver a abrir las puertas de la Monumental de Barcelona en 2017. Será una nueva prueba de fuego para valorar el peso de un sector que hasta el momento ha campado muy desunido.