Ciudadanos ve debilidad en el Gobierno andaluz tras la derrota de Susana Díaz en las primarias socialistas. El partido naranja encarece su apoyo parlamentario con el fin de marcar la agenda de la Junta en la segunda mitad de la legislatura. Primer paso: los presupuestos de 2018 deben incluir una reforma del impuesto de Sucesiones. "Si no, los socialistas tendrán que buscar otros socios para sacar adelante los presupuestos", sostuvo ayer a modo de ultimátum el líder de la formación naranja, Juan Marín. Y no lo hizo en un momento cualquiera. Acababa de salir de la reunión de la comisión de seguimiento del pacto de investidura con los socialistas, que se prolongó durante más de hora y media en una sala del Parlamento. Marín acudió acompañado del secretario general de Ciudadanos a nivel nacional, José Manuel Villegas, quien no había vuelto a participar en las contactos con el PSOE andaluz desde la firma del acuerdo en 2015, lo que refleja que no era un encuentro más. Tampoco lo era para los socialistas, representados por el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios; su portavoz parlamentario, Mario Jiménez, y el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo.

El partido naranja ya arrancó el año pasado una reforma del impuesto de Sucesiones, que elevó el mínimo exento hasta los 250.000 euros y corrigió el error de salto hasta los 300.000 euros. Pero ahora aspira a otra vuelta de tuerca. Según Marín, el ideal sería lograr una bonificación del 99%, como la que aplica la Comunidad de Madrid. Pero las cifras se concretarán el próximo 14 de junio en el marco de una comisión específica con la Consejería de Hacienda. Esta reforma fiscal debería venir de la mano de otro reducción al tramo autonómico del IRPF para llegar al recorte de hasta 3,5 puntos acordado por ambas formaciones en 2015. "Sabemos que va a ser un escollo duro", recalcó Juan Marín.

Las exigencias del partido naranja fueron acogidas con cautela por los socialistas, que se muestran confiados en que hallará "un punto de encuentro" durante la negociación, según señaló Juan Cornejo, quien insistió en que ahora toca "echar cuentas".

El impuesto de Sucesiones aportó más de 376 millones de euros a las arcas de la Junta el año pasado. Hasta ahora, la postura de la Junta ha consistido en trasladar la patata caliente al Gobierno central, que es el titular del tributo, aunque su gestión está transferida a las comunidades autónomas. "Estamos confiados en que habrá acuerdo, pero sería razonable que la armonización de este impuesto la llevara a cabo el Gobierno de Rajoy para que no haya una competición entre comunidades y una garantía de pago de lo que se deja de ingresar si se rebaja o se suprime dicho impuesto", apuntó Cornejo, quien compareció en solitario ante los medios. "Vamos a trabajar porque hay voluntad para que en los dos próximos años siga habiendo estabilidad", sostuvo el número dos del PSOE andaluz, que agregó su convencimiento de que habrá "avances" tanto en Sucesiones como en el IRPF.

Previamente, José Manuel Villegas se había visto obligado a pronunciarse a preguntas de los periodistas sobre la paradoja de que su partido había apoyadolos Presupuestos Generales del Estado de 2017 sin exigir al Gobierno central la reforma del impuesto de Sucesiones. El secretario general de Ciudadanos se comprometió a plantear la armonización de este tributo en todas las comunidades de cara a la negociación de las cuentas del próximo año.

Además de las cuestiones fiscales, la reunión también sirvió para concretar el calendario de aprobación de otras medidas contempladas en el pacto de investidura, aunque no se llegó a hablar de un relevo de consejeros. Antes de que acabe junio se aprobará el decreto de creación la Oficina Anticorrupción y el Fraude Fiscal, y comenzará la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de Emprendimiento.

Entre julio y septiembre se convocará a los partidos para abordar la eliminación de los aforamientos y la limitación de mandatos de los miembros del Ejecutivo andaluz, así como la propuesta de reforma de la ley electoral andaluza.

En el segundo periodo de sesiones, a partir de septiembre, llegarán a la Cámara los proyectos de ley de formación profesional y de agricultura, mientras que entre octubre y noviembre lo harán las leyes de sostenibilidad de la sanidad pública y de atención temprana. También en esas fechas comenzará la tramitación de las leyes del sector audiovisual, cambio climático y violencia de género, así como la reforma de la RTVA.