La Junta podrá comprar las viviendas a los bancos para evitar desahucios

  • El Parlamento aprueba la ley de tanteo y retracto con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, la abstención de PP y Podemos y el rechazo de IU

La diputada de Podemos Lucía Ayala acude ayer al pleno del Parlamento con su bebé. La diputada de Podemos Lucía Ayala acude ayer al pleno del Parlamento con su bebé.

La diputada de Podemos Lucía Ayala acude ayer al pleno del Parlamento con su bebé. / josé manuel vidal / efe

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La Junta tendrá facultad de ejercer derecho de tanteo en caso de desahucio para que los ciudadanos afectados por una ejecución hipotecaria no abandonen la vivienda que han dejado de pagar por una mala situación económica. La Administración andaluza también podrá adquirir los inmuebles cuyos inquilinos ya fueron expulsados antes de que la entidad propietaria adjudique de nuevo el piso en una subasta. Son los principales puntos de la Ley de Derecho de Tanteo y Retracto en desahucios, aprobada ayer en el Parlamento con los únicos votos negativos de IU, la abstención de PP y Podemos y el apoyo de PSOE y Ciudadanos.

La norma culmina así un camino legislativo que empezó en junio de 2015, es decir, en los primeros compases de la legislatura. Sin embargo, la oposición denunció que las medidas incluidas en el texto están limitadas, como mínimo, hasta 2020, año en el que acaba la vigencia de las iniciativas contra los desahucios puestas en marcha por el Gobierno central. Gracias a esas medidas, los jueces tienen la potestad de frenar la expulsión de las familias que no pueden hacer frente a los pagos de su hipoteca, pero esta potestad no es contradictoria con la nueva competencia de la Junta, explicaron fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda.

La nueva ley tiene un presupuesto para este año de cuatro millones de euros. Se trata de la misma dotación consignada en las cuentas de 2017, cuando el departamento que dirige Felipe López pretendía tener lista una norma que ha pasado por un trámite de dos años y diez meses. Con ese dinero, la previsión de la Junta es adquirir 200 inmuebles, que pasarán al parque público de vivienda autonómico.

La tardanza, ha dicho López en más de una ocasión, se ha debido a la minuiciosidad seguida por su departamento en la redacción del texto para evitar cualquier conflicto de competencias con el Ejecutivo central. La precaución de Fomento tiene sentido si se tiene en cuenta que el recurso al Tribunal Constitucional que mutiló en 2013 parte de la Ley de Función Social de la Vivienda.

Esa norma formaba parte del programa legislativo del Gobierno bipartito de PSOE e IU que dirigió la Junta hasta 2014 y fue la diputada izquierdista Inmaculada Nieto quien criticó con mayor virulencia la ley aprobada ayer. "La comunidad que era vanguardia en política de vivienda ha vuelto a la cola", espetó la parlamentaria de IU para razonar el rechazo de su partido. Además, Nieto aseguró que las medidas incluidas en la ley benefician a las entidades financieras y a los fondos de inversión, una crítica compartida por Podemos, cuya parlamentaria Carmen Molina denunció que, con el presupuesto contemplado por Fomento, la Junta sólo podrá adquirir "siete viviendas por provincia y año".

Carlos Hernández White, diputado de Ciudadanos, calificó la ley de "insuficiente" y recordó que el Consejo Económico y Social puso en duda la efectividad de la nueva norma, pero sí reconoció, como la popular Alicia Martínez, que la norma regula la labor de los intermediarios inmobiliarios. Felipe López, por su parte, ensalzó su norma, "un instrumento más" de la política de vivienda de la Junta.

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