La Junta de Andalucía comienza a trasladar a sus trabajadores los efectos de la recuperación económica. Tras cuatro años de restricciones, el Gobierno regional recuperará el sistema de jubilación parcial para el personal laboral fijo de la administración general, según acordó ayer con los representantes sindicales en la comisión de seguimiento de su convenio colectivo. La medida responde a una demanda histórica de los sindicatos y supone un símbolo del rescate de derechos laborales aparcados con la crisis. Además, permitirá rejuvenecer la plantilla con la llegada de nuevos trabajadores, que deben estar inscritos como demandantes de empleo en las listas del paro para acceder a los contratos de relevo.

La jubilación anticipada debe ser pactada entre el trabajador y la Junta. Esta figura permite al empleado seguir desempañando su puesto de trabajo, aunque con distinta jornada y retribución, y a la vez cobrar una pensión de la Seguridad Social por retiro parcial. La Administración debe cubrir la reducción de jornada del trabajador que se acoja a la jubilación parcial con la incorporación de un nuevo empleado, quien debe figurar como parado en el SAE para poder suscribir un contrato de relevo.

Actualmente existen 814 trabajadores jubilados parcialmente en la administración general, según datos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Esta modalidad de jubilación solía redundar en un ahorro económico para la Junta al no tener que retribuir algunos complementos salariales como la antigüedad.

En marzo de 2013, el Gobierno central aprobó un decreto en el que endureció las condiciones para acceder a la jubilación anticipada. La norma estableció un aumento gradual de la edad mínima exigida hasta el año 2027, momento en el que será de 65 años si se cuenta con 33 años cotizados, o 63 años si se acredita una cotización de 36 años y seis meses. Según esa escala, en 2017 se requiere una edad mínima de 61 años y cinco meses y haber cotizado al menos 34 años y tres meses. Además, la nueva norma implantó un incremento gradual de la base de cotización del trabajador jubilado parcial, cuya cuota debe ser atendida por su empleador, en este caso la Junta.

A su vez, el Ejecutivo andaluz dio luz verde a mediados de 2012 a un paquete de restricciones presupuestarias que alcanzaron a toda la administración con el objetivo de contener el déficit público. Las jubilaciones anticipadas quedaron prácticamente en suspenso a partir de abril de 2013. La Dirección de Recursos Humanos actualizó los requisitos de acceso y estipuló que la suma del salario del trabajador jubilado anticipadamente y la retribución del empleado que le releva no podría superar el coste laboral del primero si seguía trabajando a tiempo completo.

El doble efecto del incremento de las cotizaciones sociales a pagar por la Junta y la aplicación de los recortes para reducir el déficit se tradujo en la imposibilidad de conceder jubilaciones parciales, porque suponían a largo plazo un incremento del gasto público.

La restricción se flexibiliza ahora al contar la Administración con mayor margen presupuestario. Aunque sigue vigente el compromiso de no incrementar el gasto de personal previsto, el acuerdo de ayer contempla que es posible afrontar el sobrecoste de la jubilación anticipada "siempre y cuando el órgano competente asuma que puede hacer frente a los mismos sin superar los límites de los importes presupuestados para su capítulo I".