El perito designado en el caso de las facturas falsas del sindicato UGT-A investiga ayudas por valor de 100,2 millones de euros en relación con las subvenciones recibidas por esta organización sindical en el período 2009-2013. En un informe presentado en el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, el perito Luis Gallo Ayala ha acotado la investigación a sólo 16 de los 32 expedientes de subvenciones concedidas en esos cuatro años, ya que, en su opinión, 15 expedientes -por un importe total de 1,75 millones- no serían objeto de la pericia porque "las cuantías de las subvenciones y los gastos objeto de la investigación son insuficientes" a los efectos de considerar que se ha cometido un delito de fraude de subvenciones tipificado en el Código Penal.

El experto señala que hay otro expediente del que "se desconocen datos todavía", aunque, al tratarse de una subvención nominativa, "cabe la posibilidad" de que sea finalmente objeto de investigación en este informe.

El perito apunta que del "largo proceso de aportación de documentación" a las diligencias previas, "la más necesaria" en principio para poder afrontar el trabajo encomendado "era y es la de tener a disposición los expedientes de subvenciones completos", ya que así podría concretarse, entre otros extremos, la "cuenta justificativa de la actividad subvencionada" que permite identificar qué gastos imputados a cada expediente podrían ser de los sujetos a investigación", además de identificar a los terceros con los que el beneficiario ha mantenido relaciones comerciales con gastos sujetos a investigación" y permitiría asimismo su "cuantificación".

Para el perito, los gastos sujetos de alquiler de aulas para los cursos y de equipos necesarios para su impartición -todos facturados por Soralpe I+D- "son los de más fácil cuantificación contando con las cuentas justificativas", mientras que observa "más dificultades específicas" con respecto al rapel y al denominado bote, puesto que "las cuentas justificativas son insuficientes para la cuantificación de un posible fraude en subvenciones.

En el caso del rapel -descuento por el que se repercutía un porcentaje en las compras que hacía el sindicato a un proveedor, soportado por éste y posteriormente ingresado en la cuenta señalada por el sindicato-, el perito observa esas dificultades porque el reflejo documental del eventual fraude se manifestaría al margen de la cuenta justificativa, por lo que se necesitaría documentación contable y bancaria de las entidades participantes en dicha práctica para determinar un exceso de imputación de gasto a la subvención.

Sobre el bote -con el que el sindicato encargaba supuestamente la elaboración de facturas simuladas que pasaba a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con terceros, según la Fiscalía-, el perito entiende que determinar su existencia real "resulta poco menos que imposible, dada la falta de conocimiento de los peritos nombrados en determinar el precio de las cosas y, por tanto, apreciar que en una determinada factura se estuviera ante este mecanismo defraudatorio".

Por último, el perito informa de que ya ha revisado 30 de las 35 cajas existentes en el juzgado y y concluye que gran parte de la documentación "no merece consideración a efectos" periciales.