La consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, consideró que la investigación judicial sobre el fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE) subvencionados por la Junta "cada día cierra más el ámbito penal del fraude a la dirección general de empleo y al entorno geográfico de El Pedroso", en referencia a uno de los imputados en la causa, el ex director general durante casi una década Francisco Javier Guerrero, natural de esta localidad sevillana.

Ésta es la opinión del Gobierno andaluz sobre la investigación judicial, tras el varapalo sufrido la semana pasada cuando el Tribunal Supremo ordenó a la Junta entregar las actas de los consejos de Gobierno de los últimos diez años a la juez que investiga el caso, Mercedes Alaya. La Junta resta importancia ahora al envío de unos documentos que consideró secretos y, como prueba de su colaboración con la Justicia, el Consejo de Gobierno aprobó remitir al juzgado estas actas sin reservas, "al cien por cien, sin tocar una coma", expuso Moreno.

"El Gobierno ha entendido que queremos remitir al cien por cien de las actas, que no falte ni una coma de las mismas y, para eso, hemos adoptado hoy un acuerdo para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales y para levantar ese carácter reservado de la parte impropia de las actas", señaló Moreno, que aseguró que "de inmediato" las actas llegarán a la juez.

Sobre el transcurso de la investigación, Moreno se ciñó a que la responsabilidad directa pertenece a Guerrero y comprendió que el PP, si considera sospechoso a alguien, lo lleve a los tribunales, aunque acusó a los populares de ser "especialistas en intentar destruir con causas judiciales paralelas a sus adversarios políticos".

Así Moreno vinculó las denuncias de los últimos días contra el ex consejero de Empleo y actual secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, a los intentos del PP por "destruir" a Demetrio Madrid, Alfonso Guerra o Manuel Chaves, casos que, "hasta ahora, las conclusiones de los tribunales fueron bien distintas a las acusaciones del PP".

El PP envió ayer al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla un documento con las actas de convenios de colaboración del Instituto Fomento de Andalucía (IFA) a cuenta del denominado "fondo de reptiles" y en el que aparece Viera como asistente, con el fin de que la juez investigue. También adjunta testimonio periodístico de que en una empresa beneficiaria trabajó una hija de Viera.