Notario, profesor de inglés o policía son algunas de las profesiones de padres marroquíes que han dejado solos a sus hijos en la comunidad para que la Administración autonómica se haga cargo de ellos. La Junta les ha identificado. Uno de los casos fue denunciado en 2009. Un policía marroquí dejó a su hija a las puertas de un centro de protección en Algeciras y se marchó, dejándola sin pasaporte. Un tiempo más tarde envió a otra de sus hijas. Cuando la segunda cumplió la mayoría de edad se benefició de un programa de la Junta de Andalucía que facilita el acceso al mercado de trabajo a los menores que han sido tutelados.

Ya habían llegado, por el mismo procedimiento que las dos chicas, sus otros dos hermanos. El padre venía a ver a sus hijos y mantenía un contacto telefónico regular con ellos. A la Junta de Andalucía le cuesta cada menor que tiene bajo tutela 50 euros diarios.

La Administración autonómica denunció este caso al juzgado de instrucción número uno de Sevilla. En un auto fechado en marzo de 2010, la juez dictó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, que fundamentó en que las personas denunciadas no tenían domicilio conocido en España. No obstante, la juez abrió un camino a la Junta al considerar que los hechos investigados son constitutivos de infracción penal "y existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a personas determinadas". A este fundamento legal se agarrará la Junta para interponer en los próximos días distintas denuncias en juzgados andaluces para que se actúe contra seis padres.

Desde la otra parte, Marruecos no tiene conocimiento de los hechos. No es inusual el hermetismo marroquí en asuntos de inmigración. La siempre enigmática Embajada de Marruecos indicó que "no hay constancia oficial de los hechos denunciados por la Junta, hasta ahora". El cónsul de Marruecos en Algeciras tampoco encontró nada que declarar preguntado por este periódico.

Desde 2007 la Junta ya venía avisando del cambio de perfil de los menores marroquíes que llegaban a Andalucía. Los tradicionales niños de la calle que comenzaron su desembarco en pateras o en los bajos de camiones a mediados de la década de los 90 se han transformado en pulcros turistas que bajo el brazo de sus padres se quedan solos en tierra extraña.

Muchos de los que han retornado de adultos dan las coordenadas de dónde se les va a tratar mejor. En otras palabras, llegan con el mapa que les dirige directo al centro de protección seleccionado.

No es casualidad. En una foto de los centros de protección andaluces aparecen hoy 911 menores extranjeros, un 75% de ellos de Marruecos. Sólo un 6% llegaron de Argelia y el resto del África subsahariana: Ghana (3,5%), Guinea (2,4%), Nigeria (2,2%) y Mali (1,8%). La provincia de Cádiz es la gran puerta. De las 809 entradas en lo que va de año, 410 fueron por Algeciras y limítrofes, seguidos de los 120 de Almería, los 66 de Málaga o los 29 de Málaga.

La inmigración irregular sigue siendo más numerosa que la entrada por el visado, aclaran desde la Consejería de Igualdad, que muestra su preocupación por las nuevas fórmulas de inmigración infantil.

También por la cada vez mayor presencia de niñas en el colectivo (184 en los centros y 219 atendidas en 2010) y de menores de 15 años (209 en 2010 y 326 en 2011). Si hasta ahora los menores tenían unos 17 años, no contaban con recursos y sus vistas estaban puestas en el programa de formación Más18 como antesala a un puesto de trabajo, ahora el fenómeno incorpora a un adolescente cuyos padres ven en los centros andaluces para niños desamparados un internado con todos los gastos pagados.

50