El tribunal que juzga el caso Malaya ha decidido que las acusadas Marisol Yagüe e Isabel García Marcos se sienten separadas en la sala de vistas para evitar que charlen entre ellas durante la celebración del juicio y así distraigan a los magistrados que atienden durante estos días los informes finales de esta causa contra la corrupción político urbanística en Marbella.

La distribución de los acusados en el banquillo es una decisión que adopta la sala de acuerdo con los delitos por los que están procesados y su grado de implicación en los hechos. Por este motivo, la ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, que se enfrenta a 16 años de prisión, y su primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, para quien el fiscal reclama otros 12 años de cárcel, siempre se han sentado juntas en la sala de vistas. Sin embargo, ayer Yagüe apareció sola en la última fila del banquillo mientras que García Marcos lo hacía tres bancadas más adelante.

Los problemas de cierta indisciplina en el banquillo comenzaron el lunes. El presidente del tribunal, el magistrado José Godino, llamó la atención en varias ocasiones a los acusados, a los que pidió silencio e incluso en un momento dado aludió a la necesidad de que dejaran de charlar "por respeto a su propia dignidad". Hacia las 18:30 de la tarde, en mitad de la exposición del alegato final del fiscal, pidió a la defensa de García Marcos que se acercara y, según las fuentes consultadas, le solicitó que intercediera ante su patrocinada para que dejara de hablar y gesticular durante la sesión. Ayer, desde primera hora, la última alcaldesa del GIL y su teniente de alcalde se sentaron ya separadas.

Las fuentes judiciales consultadas han señalado que se ha tratado de una sugerencia del tribunal hecha llegar a través de los letrados de ambas procesadas para evitar la distracciones durante la exposición de los informes.

La proximidad de García Marcos y Yagüe durante el juicio no se ha circunscrito a la sala de vistas. Ocasionalmente también han aparecido juntas en los accesos y zonas comunes de la Ciudad de la Justicia. Precisamente ayer, el abogado del Ayuntamiento de Marbella, Alberto Peláez, aludió a los tiempos en que García Marcos, al frente del PSOE, era el azote del gilismo. El letrado recordó cómo en 2002 acusó en un pleno a Jesús Gil de no tener ningún interés en disponer de un planeamiento urbanístico claro y legal y cómo después, al apoyar la moción de censura y unirse al gobierno del GIL con Yagüe se preocupó, igual que los demás concejales, de buscar el respaldo de documentos e informes jurídicos "para que no los pillaran".

Las acusaciones que ejercen el Ayuntamiento de Marbella, la Junta de Andalucía y la Abogacía del Estado expusieron en la sesión de ayer sus alegatos finales. Las magnitudes de este macroproceso han conducido al tribunal a innovar en la dirección del juicio. Lo habitual es que las partes expongan en los informes finales la totalidad de argumentos incriminatorios o exculpatorios y que realcen el valor de las pruebas que sostienen unos u otros. Sin embargo, la sala, ante el temor de que el sistema tradicional prolongara el juicio aún más, tras 21 meses de vista oral, ha optado por que estos informes se presenten por escrito y que acusaciones y defensas expongan sólo un resumen.

En la sesión de ayer, el abogado del Ayuntamiento de Marbella, Alberto Peláez, aseguró que el GIL fue una "cadena delictiva" que comenzó en 1992 y concluyó con la disolución del Ayuntamiento en el caso Malaya.

El letrado de la Junta, José Manuel Delgado salió en defensa de la Administración autonómica y reprochó que en la sala se haya tenido que oír que "es la responsable, algo que no produce estupor, produce indignación".