Noticia: en la calle existen beneficiados por la crisis. Y lamentablemente, viven fuera de la legalidad. Se trata de los badenes que ordenó legalizar el Gobierno en 2008 en el plazo de dos años y que se han salvado gracias a la amnistía que les han proporcionado los recortes presupuestarios de las administraciones públicas. Están de enhorabuena los lomos de asno, resaltes, o guardias tumbados que proliferaron a lo largo de la geografía y que el Ministerio de Fomento ordenó revisar en 2008 con el fin de mejorar la seguridad vial. Muchos conductores se quejaban de la peligrosidad de estos dispositivos.

La Junta asumió la orden, pero cuatro años después, y tras un primer aplazamiento de dos años al cumplirse el plazo que ordenó la Administración central, la Consejería de Fomento y Vivienda ha resuelto un nuevo aplazamiento de otros dos años más, hasta 2014. La "desfavorable coyuntura económica", según ha publicado en el BOJA, impide cumplir en tiempo y forma.

Hace ahora cuatro años que el Ministerio de Fomento del entonces Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero decidió normalizar y limitar la creatividad de los ayuntamientos en la instalación de estos dispositivos que comenzaban a poblar las travesías sin orden ni concierto.

Esta instrucción recogía el espíritu de la ley orgánica 15/2007 por la que se modificaba el Código Penal y que en su Disposición Adicional Primera subrayó la necesidad de revisar la señalización vial y la normativa reguladora de los límites de velocidad, para adecuar los mismos a las exigencias derivadas de una mayor seguridad vial.

Un año más tarde, en octubre de 2009, "en el plazo más breve posible en aras a garantizar la seguridad vial", la Junta de Andalucía reconoce la "estricta observancia de esta norma" y da instrucciones para estudiar la situación existente con respecto a estos reductores de velocidad, emitir listados provinciales y proceder a su mantenimiento o no, en función de la necesidad de modificaciones o adaptaciones.

Pero al cumplirse los dos años para la adaptación que exigió el Gobierno, en octubre de 2010, la Consejería de Obras Públicas y Transportes dirigida por Rosa Aguilar se excusó en que la crisis económica impedía hacerse cargo de esta obligación y aprobó aplazar dos años más la revisión, los que ahora se han cumplido.

En la línea de la antigua consejera, una de cal y otra de arena, la Junta añadió no obstante que "para garantizar la mayor seguridad vial, esta adaptación se llevará a cabo en todos los tramos de las travesías, sin limitación alguna". Es decir, se revisarán todas estas estructuras, no sólo las situadas en las carreteras autonómicas y las gestionadas por las diputaciones provinciales, sino también las de los municipios.

Ahora el departamento que dirige Elena Cortés (IU) asegura que desde 2009 se ha venido procediendo al estudio, diagnóstico, modificación y adaptación a la normativa técnica de la situación existente, pero la "severa crisis económica" obliga de nuevo a retrasar estas actuaciones.

La adaptación de cada uno de estos elementos reductores de velocidad oscila entre los 4.000 y los 5.000 euros. La Consejería de Fomento firmó ocho contratos, distribuidos en las ocho provincias, con un importe total de 3,3 millones de euros con el objetivo de adaptar los badenes de la red autonómica de carreteras.

Según informaron fuentes de la Consejería, estos contratos tienen como base un inventario proporcionado por los servicios de carreteras provinciales. No hay que olvidar que las diputaciones gestionan carreteras de la red autonómica. Según la Junta, el aplazamiento se aprueba teniendo en cuenta la situación económica de la Administración autonómica y de las diputaciones, a la que se suman las "dificultades" de las empresas contrastistas.

De hecho, donde las empresas han tenido mayores dificultades económicas, según la Junta, ni siquiera se han iniciado las actuaciones. Es el caso de las provincias de Cádiz, Huelva y Córdoba, mientras que en la provincia de Sevilla las actuaciones se han iniciado recientemente, estando el contrato a un 12,5% de su ejecución. Por contra, en Málaga y Almería tienen todos sus badenes adaptados a la normativa estatal, con una ejecución completa de los contratos, y en Granada y Jaén se estima que los trabajos están al 60% de su ejecución. Este retraso no es fútil: abre la posibilidad de denunciar los badenes ilegales si se sufre algún percance, ya que se puede reclamar a la Administración competente, según las fuentes consultadas.